Panama Colon Container Ports impugna la medida que ordenó la toma de 41 fincas tras la cancelación de su concesión por incumplimientos contractuales
La antigua concesionaria del puerto de Isla Margarita, Panama Colon Container Ports (PCCP), presentó una demanda para declarar nulo el decreto ejecutivo mediante el cual el Gobierno ordenó la expropiación de 41 fincas vinculadas al proyecto portuario en la provincia de Colón, informó este lunes el diario La Prensa.
La acción legal cuestiona la legalidad del decreto emitido por la Presidencia, alegando que la decisión carece de sustento jurídico y vulnera derechos adquiridos por la empresa. La expropiación fue justificada por el Ejecutivo bajo la figura de interés social urgente, con el objetivo de reactivar la zona y atraer nuevas inversiones tras la rescisión del contrato de concesión, señala el informe.
Un proyecto marcado por conflictos legales
La medida de expropiación se produce luego de que el Estado cancelara la concesión portuaria a PCCP por incumplimientos contractuales, decisión adoptada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y respaldada en instancias administrativas.
Sin embargo, PCCP intentó frenar estas resoluciones mediante recursos legales y amparos, que finalmente no prosperaron, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negara acciones presentadas por la empresa para revertir las decisiones de la AMP.
Pese a ello, la exconcesionaria ahora centra su ofensiva legal en el decreto de expropiación, argumentando que el Estado excedió sus facultades al ordenar la ocupación de los terrenos asociados al proyecto portuario.
Litigios internacionales y tensión jurídica
El conflicto trasciende las fronteras panameñas. Uno de los socios de PCCP, de capital chino, presentó una demanda en tribunales de Estados Unidos, reclamando la supuesta pérdida de acciones y daños derivados de la cancelación de la concesión, escenario que añade presión internacional al caso y mantiene en disputa uno de los proyectos portuarios que el Gobierno considera estratégicos para el desarrollo logístico de Colón, destaca el informe.
Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que la expropiación responde a la necesidad de rescatar un activo clave para el país, garantizar su uso productivo y enviar señales de certeza jurídica a potenciales inversionistas interesados en retomar el desarrollo del puerto de Isla Margarita.