Para mover dinero sin dejar rastro, Venezuela utilizó además bancos y filiales en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong.
Documentos en poder de la Fiscalía y organismos de inteligencia de Estados Unidos revelaron que el gobierno de chavista en Venezuela puso en marcha una estructura financiera que permitió desviar recursos públicos venezolanos hacia Irán, en un esquema que benefició principalmente al régimen iraní y debilitó la transparencia fiscal del país, informó el diario El Nacional.
La documentación, a la que tuvo acceso el diario español ABC, revela que Venezuela funcionó como una plataforma financiera y logística encubierta para Irán, facilitando la evasión de sanciones internacionales y el flujo de capitales hacia sectores estratégicos, incluidos energía, infraestructura y áreas de uso dual con posibles fines militares.
De acuerdo con los archivos, estos mecanismos también estarían siendo investigados por su posible utilización para canalizar pagos hacia terceros países, entre ellos España, a través de intermediarios empresariales, fondos binacionales y redes financieras en jurisdicciones opacas.
Entre el 2006 y el 2009, Caracas y Teherán firmaron al menos 279 acuerdos de cooperación en áreas como petróleo, petroquímica, industria, banca y tecnología, lo que elevó el intercambio comercial bilateral por encima de los $6,000 millones. Sin embargo, lejos de limitarse a proyectos productivos, esa relación derivó en una compleja arquitectura financiera diseñada para mover recursos fuera de los controles tradicionales.
Según las investigaciones, el chavismo recurrió a fondos especiales como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), a empresas estatales venezolanas, a bancos “pantalla” y a proyectos industriales sin actividad real para ocultar el origen y el destino final de los fondos. Parte de esos recursos procedían de ingresos petroleros y de préstamos concedidos por China a Venezuela.
Un elemento central fue el Fondo Conjunto China-Venezuela, que operó al margen del presupuesto oficial. Los recursos, una vez canalizados a través de Fonden, perdían trazabilidad al mezclarse con otras partidas, lo que permitió su posterior redirección hacia empresas iraníes bajo la apariencia de proyectos de desarrollo.
Entre el 2007 y el 2009 se crearon un fondo y un banco binacional Irán-Venezuela, con un capital anunciado de $2,000 millones, destinados formalmente a financiar iniciativas conjuntas. Paralelamente, Irán abrió en el 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en el 2009 se inauguró un banco conjunto en Teherán con un capital inicial de $200 millones.
Esas entidades permitieron realizar transacciones directas fuera del sistema financiero estadounidense. Washington sancionó al banco de Caracas en el 2008 por sus vínculos con el aparato militar iraní y por facilitar la evasión de controles financieros.
Para mover dinero sin dejar rastro, Venezuela utilizó además bancos y filiales en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. En 2019, por ejemplo, se intentó transferir más de $1,000 millones desde el Bandes hacia su filial en Uruguay, una operación que expuso cómo se extraían divisas del país mediante rutas financieras alternativas.
Los investigadores estiman que Venezuela habría canalizado cerca de $7,800 millones hacia el ecosistema de Irán mediante estas maniobras. De ese monto, unos $4,689 millones estarían vinculados directamente a proyectos conjuntos en sectores como energía y petroquímica, mientras que otros $3,132 millones corresponderían a desvíos indirectos.
Buena parte de esos fondos, según los documentos, terminaron beneficiando a empresas estatales iraníes y a la Guardia Revolucionaria de Irán, utilizando pagos en petróleo, oro y contratos ficticios para ocultar las operaciones.
Esas revelaciones han llevado a que la Fiscalía de Estados Unidos investigue a altos funcionarios del régimen venezolano, incluidos el dictador Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores más cercanos, ya sancionados por Washington y vinculados al llamado Cártel de los Soles. El objetivo de la investigación es demostrar cómo la relación con Irán sirvió para mover dinero en secreto, violar sanciones internacionales y desviar recursos públicos venezolanos durante años.