La Casa Blanca ha intentado frenar la práctica de pagar por indultos que se saltan los procesos habituales
En el gobierno de Donald Trump, el indulto ha dejado de ser una herramienta extraordinaria para enmendar decisiones que quizá no eran correctas y se ha convertido en una rutina de poder. Bajo el pretexto de ser ¨víctima de la administración de Biden¨, el presidente estadunidense está otorgando perdones a un ritmo que no se había visto antes, informó el diario La Razón.
En los 12 meses que lleva en el cargo, el mandatario ha indultado o conmutado casi 1,600 sentencias (muchas más que durante su primer mandato, en el que solo fueron 238).
Su clemencia incluye cientos de personas que participaron en el asalto al Capitolio y también perfiles de más alto nivel como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que salió de prisión a principios de diciembre tras ser sentenciado el año pasado a 45 años de cárcel, después de que un jurado de Nueva York lo considerara culpable de cargos relacionados con narcotráfico y armas. Me ¨ha cambiado la vida¨, dijo Hernández el día de su puesta en libertad agradeciéndole a Trump su perdón.
Atrás quedaron los tiempos en que los indultos se concedían en fechas señaladas como la Pascua, Acción de Gracias o Navidad.
Lo que en su día la Constitución concibió como un recurso excepcional, ahora está al alcance de cualquiera persona que consiga ganarse la gracia del actual mandatario norteamericano. La cadena estadounidense CNN va más allá e incluso apunta a que los perdones gubernamentales se han convertido en un negocio con el que ni siquiera la administración está de acuerdo, uno mediante el cual ¨gente adinerada contrata figuras del mundo de Trump con la esperanza de llevar su caso al frente de la fila¨.
La Casa Blanca ha intentado frenar esta práctica de pagar para acceder a un perdón y según explica un funcionario de la administración al canal, “cualquiera que gaste dinero para presionar a favor de un indulto está malgastando sus fondos”.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo, en la práctica sigue ocurriendo y son pocos los elegidos que se seleccionan siguiendo únicamente los pasos del proceso oficial de solicitud ante la oficina de indultos.
Según varios medios nacionales, el patrón suele ser siempre el mismo y de él participan casi siempre mismas personas. El acusado, por cuenta propia o contratando los servicios de un abogado, se pone en contacto con una de las personas del entorno más cercano al presidente.
Esa figura será la que interceda por él ante el equipo de confianza de Trump argumentando lo injusto que ha sido su proceso, que por lo general habrá tenido lugar durante la anterior administración.
Entre los nombres claves se encuentran David Warrington, asesor especial de la Casa Blanca y la secretara general, Susie Wiles, además del fiscal federal Ed Martin. Según explica a CNN Robert Ray, abogado que formó parte del equipo legal de Trump en su primer juicio político y que ahora está tratando de conseguir el indulto para un cliente, editor de periódicos y propietario de un club de striptease que fue condenado por fraude bancario y fiscal en el 2015, “es como ser admitido en Harvard”.
El medio estadunidense también relata que la mayoría de los casos son estudiados inicialmente por Warrington en coordinación con Martin y el departamento de Justicia. Los perdones aprobados por ellos pasan directamente a Wiles, una de las personas de mayor confianza de Trump, nada amiga de las apariciones públicas, pero con un gran poder de puertas para adentro. Ella revisa los casos y le entrega a Trump sus propuestas para tomar una decisión final que la mayoría de las veces se toma sin tener en cuenta los pasos habituales, como que el FBI lleve a cabo antes una investigación exhaustiva, o consultar con los fiscales del caso sobre la decisión.
En el proceso de liberación del expresidente de Honduras, por ejemplo, Hernández lo consiguió gracias a su buena relación con uno de los asesores más leales y cercanos de Trump, Roger Stone. Él asegura que no cobró ni un dólar por conseguir su puesta en libertad.
Stone presentó el caso ante Trump asegurando que la condena de Hernández estaba basada en conjeturas y testimonios de líderes asesinos del cártel “que tenían intenciones en su contra y que estaban fuertemente motivados a presentar testimonios que condenaban al hombre que” durante su mandato “los envió a prisión debido a los acuerdos que negociaban con la DEA”. Stone es amigo del exmandatario hondureño y ha estado muy cerca de Trump desde su primera campaña electoral hace 10 años.
Otros casos relevantes son el perdón del congresista demócrata Henry Cuellar, que ha sido acusado de aceptar sobornos de una empresa energética vinculada a Azerbaiyán y de un banco mexicano, los rumores de que planeaba cambiarse al bando republicano se han desmentido y Trump ha lamentado públicamente haberle perdonado. Y también ha destacado el del empresario Tim Leiweke, acusado de amañar la licitación de un pabellón deportivo en Texas.
Casos que hace sospechar que, en el Estados Unidos de Trump, el perdón ya no es justicia, sino un premio a la lealtad.