El gremio defiende el sistema de méritos para la permanencia de los servidores públicos
La acción, que fue elaborada en representación de APEDE, por el abogado Jorge Giannareas, se da en el marco de la demanda interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, para que se declaren inconstitucionales artículos que permiten otorgar permanencia automática a funcionarios con dos años de antigüedad, sin necesidad de concurso ni evaluación previa dentro de la carrera del Servicio Legislativo.
El gremio considera que la Ley 429 del 18 de abril del 2024 vulnera el Estado de Derecho al pretender desmantelar la gobernanza en el servicio público de la AN, alterando los estándares establecidos en la Constitución.
Según la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, la Constitución panameña es clara al establecer que las carreras del servicio público deben regirse por el sistema de méritos, donde el ingreso, la estabilidad y el ascenso dependen del desempeño y de evaluaciones objetivas.
“No se trata de un régimen de estabilidad laboral automática, sino de una carrera profesional al servicio del Estado, sujeta a reglas claras y verificables”, sostuvo De Sanctis.
El alegato presentado por APEDE advierte que la Ley 429 elimina el Consejo de la carrera legislativa sin crear un mecanismo alterno, y reemplaza los concursos y evaluaciones por una permanencia automática basada únicamente en la antigüedad. A juicio del gremio, esto abre la puerta a la discrecionalidad y desnaturaliza la esencia de la carrera pública.
“La Constitución no permite que una ley borre de un plumazo el sistema de méritos. Se pueden hacer ajustes, reformas o mejoras, pero no eliminar el principio que protege la profesionalización del servicio público”, señaló Giannareas, quien considera que el caso es claro desde el punto de vista constitucional.
La CSJ admitió la demanda y actualmente se encuentra en la fase de análisis de alegatos de terceros, antes de avanzar hacia el proyecto de fallo. El Procurador General de la Nación al emitir su criterio recomendó declarar inconstitucionales los artículos cuestionados, al considerar que vulneran el sistema de méritos y crean privilegios injustificados dentro del servicio público.