Funcionarios y exfuncionarios enfrentan cargos por peculado agravado y sustracción de documentos en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización
Un total de 64 personas han sido judicializadas por su presunta vinculación con el manejo irregular de fondos destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el periodo 2019–2024, informó el Ministerio Público.
Los investigados, entre funcionarios y exfuncionarios, enfrentan cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
De acuerdo con la información oficial, en las investigaciones adelantadas a lo largo del 2025, a los 64 imputados se les ha aceptado la formulación de cargos tras su judicialización.
De este grupo, 10 personas permanecen bajo la medida cautelar de detención provisional, mientras que a las otras 54 se les impusieron medidas alternas como depósito domiciliario, reportes periódicos ante las autoridades, prohibición de acercarse a determinados lugares de trabajo o a personas específicas.
Entre los detenidos figuran el representante del corregimiento David Centro, Jorge Montenegro Vallarino; la exrepresentante de Nueva Gorgona, Miriam Bernal; la representante de Dolega, Francis Elena Rojas; el exrepresentante de Las Garzas, Noel Camargo; así como exrepresentantes y extesoreros de las juntas comunales de Cerro Pelado, Belisario Porras y Capellanía, en el distrito de Natá, entre otros.
Estas detenciones forman parte de expedientes derivados de un total de 429 denuncias presentadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino durante su primer año de gestión ante la Procuraduría General de la Nación.
De ese total, al menos 300 denuncias están relacionadas directamente con la denominada descentralización paralela, y hasta la fecha se han solicitado 196 informes de auditoría, según informó el procurador Luis Carlos Gómez.
“Estamos hablando de fondos de interés social, en algunos casos superiores a los $100,000, y de delitos como peculado doloso agravado, que conllevan penas de 8 a 15 años de prisión”, explicó Gómez.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado hasta el momento 44 casos con informes de auditoría que reflejan lesiones patrimoniales superiores a los $24 millones, dentro de los estados financieros de juntas comunales y municipios que administraron recursos del PDIS. Además, 33 carpetas con informes de auditoría ya han sido procesadas ante el Tribunal de Garantías.
El Ministerio Público precisó que el único informe sin lesión patrimonial corresponde a la junta comunal de Curundú, el cual fue recibido la semana pasada, mientras continúan las investigaciones en el resto de los casos.