En 13 años, el Estado ha desembolsado más de $303 millones en contratos adjudicados sin competencia efectiva
La alimentación en los centros penitenciarios de Panamá ha estado dominada durante los últimos 13 años por un solo proveedor. En ese periodo, el Estado panameño ha desembolsado más de $303.3 millones para el suministro de alimentos en siete cárceles, todos los contratos adjudicados al Consorcio Alimentando Panamá, que nuevamente resultó ganador en la más reciente licitación, informó el diario La Prensa.
El último proceso, para abastecer a seis cárceles de la provincia de Panamá, tuvo un valor de $209.6 millones y se resolvió sin pujas económicas, luego de que solo una empresa presentara oferta, la misma que ha concentrado el contrato desde el 2012.
La continuidad del proveedor se ha mantenido mediante adendas contractuales y ajustes al alza en los precios, en un negocio que mueve millones de dólares del erario público.
El Consorcio Alimentando Panamá apareció por primera vez en el 2012, cuando se le adjudicó el suministro de alimentos en las cárceles de Panamá y Colón, en ese momento, estaba integrado por Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (IBEASER), con el 40% de participación, y por el empresario colombiano Juan Carlos Almansa Latorre, con el 60% restante.
Ese contrato fue firmado por Jorge Ricardo Fábrega, entonces ministro de Gobierno, quien actualmente se desempeña como asesor del presidente José Raúl Mulino y es considerado uno de sus colaboradores más cercanos.
En la nueva licitación, que concluyó a finales del 2025, el consorcio presentó una propuesta por $209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno (MINGOB), el monto contempla un aumento en el costo de la ración diaria completa que pasó de $4.60 a $5.50 frente al contrato vigente.
Juan Carlos Almansa Latorre se identifica en su perfil público de LinkedIn como representante legal y accionista mayoritario de Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A.S., una de las empresas clave dentro de la estructura del consorcio, su actividad empresarial también ha sido objeto de cuestionamientos fuera de Panamá.
En Ecuador, medios como Primicias documentaron críticas a un contrato adjudicado en el 2024 al Consorcio Alimentando Ecuador, integrado en un 80% por el Consorcio Alimentando Panamá (CONALIPA) y en un 20% por Huerta del Oriente, empresa de origen colombiano.
Ambas compañías están vinculadas a Almansa, y las observaciones se centraron en la opacidad del proceso de contratación y la concentración de un servicio estratégico en empresas relacionadas entre sí.
El historial empresarial asociado a Almansa también incluye sanciones en Colombia, en agosto del 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por unos $1.7 millones a varias empresas proveedoras de raciones militares, entre ellas IBEASER y Huerta del Oriente.
Posteriormente, en junio del 2022, la SIC volvió a sancionar a IBEASER como parte de un grupo de empresas multadas con más de $6.3 millones por prácticas destinadas a eliminar la competencia en contratos de refrigerios escolares en Bogotá, caso descrito por medios como El Tiempo como un entramado empresarial.
En Panamá, la licitación también generó reclamos, aunque 15 empresas participaron en la homologación, solo una presentó una propuesta final, potenciales competidores advirtieron que algunas condiciones del pliego favorecían al proveedor histórico, especialmente el criterio de experiencia.
El documento establecía que la experiencia solo podía acreditarse con un máximo de tres contratos, mientras que al proveedor actual se le reconoció un solo contrato que abarca los seis centros penitenciarios, resultado de condiciones especiales previas. En la práctica, esto colocó a otros oferentes en desventaja y limitó cualquier competencia efectiva.