Aunque el presidente electo, Edmundo González, ha llamado a las fuerzas armadas a cumplir sus órdenes, fuentes internas castrenses niegan fisuras
Una semana después de que los helicópteros estadunidenses despegaran de Caracas llevándose al dictador Nicolás Maduro y su esposa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana proyecta una imagen de solidaridad inquebrantable, informó el diario ABC.
A nivel interno, fuentes del Ejército niegan cualquier fractura, aseguran que la institución permanece compacta en torno a la nueva estructura de poder.
Es un mensaje que se repite en comunicados oficiales y declaraciones de alto nivel. Pero la realidad es más compleja, más perturbadora de lo que esa narrativa sugiere.
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ha consolidado su control político con velocidad sorprendente.
La CIA, según informes de medios internacionales, recomendó que ella asumiera el poder ante el riesgo de que María Corina Machado no pudiera mantener bajo control a la institución militar.
Es una decisión que revela cómo Washington percibe la situación: No se trata de restaurar la democracia, sino de asegurar que alguien capaz de ejercer autoridad sobre los uniformes asuma el poder. Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, comprende la lógica del poder militar y domina el lenguaje de los cuarteles.
Junto a Rodríguez, dos hombres sostienen el andamiaje del poder. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde el 2014, controla directamente a más de 123,000 soldados y 8,000 reservistas, con una estructura de mando que se extiende por todo el territorio nacional.
Sobre él pesa una recompensa de $15 millones ofrecida por Washington, pero esa cifra no lo ha hecho vacilar. Ha respaldado públicamente a Rodríguez como presidenta interina, ha calificado la captura de Maduro como un “secuestro cobarde”, pero ha hecho poco para impedirlo.
Es pragmatismo político que revela cómo un militar experimentado navega el cambio de poder.
El otro pilar es Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien ocupa la cartera de Ministerio del Interior y Justicia. Cabello controla el aparato de seguridad interna y la red de colectivos que funcionan como una milicia paralela.
Sobre él pesa una recompensa de $25 millones, la más elevada después de la de Maduro.
Ha negado cualquier traición al presidente capturado, ha recorrido Caracas movilizando a sus seguidores, ha exigido el retorno de Maduro. Es como si Cabello estuviera escribiendo su propia historia, jugando a un juego cuyas reglas solo él parece dominar.
Cuando Edmundo González, reconocido por varios países como ganador de las elecciones presidenciales del 2024, hizo su llamamiento a las Fuerzas Armadas después del 3 de enero, su mensaje fue directo: Pidió que respetaran la voluntad popular, que cumplieran con su deber constitucional, que se colocaran del lado de la legalidad.
Su llamamiento asumía que la institución militar podía ser persuadida, que podía cambiar de bando si se le presentaba la oportunidad.
Pero la realidad fue distinta. Mientras González y la oposición en el exilio esperaban una respuesta, la administración Trump les propinó una bofetada política.
Washington, pragmático como siempre, había decidido que Rodríguez era la opción más viable para mantener el control institucional.
Para la Casa Blanca, la continuidad bajo nuevas reglas era preferible a la incertidumbre de un cambio de poder que podría fragmentar la estructura militar.
González se encontró en una posición incómoda: Reconocido como presidente electo por varios países, pero sin apoyo de la superpotencia que podría haber legitimado su posición. La oposición en el exilio descubrió que sus cálculos políticos no coincidían con los de los halcones.