Cruce de acusaciones surge en medio de contratos por $3.8 millones sin refrendo y del decreto que transfiere el control del servicio a la Autoridad de Aseo
La crisis por la recolección de basura en el distrito de San Miguelito escaló este miércoles a un enfrentamiento público entre el contralor general, Bolo Flores, y la alcaldesa Irma Hernández, en medio de contratos millonarios sin refrendo, cuestionamientos sobre competencias municipales y la reciente decisión del Ejecutivo de asumir el control del servicio.
El choque ocurre tras la aprobación, por parte del presidente José Raúl Mulino, de un decreto que otorga a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) la responsabilidad directa de la recolección de desechos en San Miguelito, medida que fue rechazada por la alcaldesa, quien solicitó este miércoles al mandatario la derogación del decreto por considerar que vulnera la autonomía municipal.
En declaraciones públicas, el contralor Flores confirmó que realizó una llamada para facilitar una reunión entre la alcaldesa Hernández y la dueña de la empresa Revisalud, con el objetivo -según explicó- de servir como puente de comunicación para abordar la culminación del contrato vigente. Aseguró que su intervención no respondió a intereses particulares y que se trató de un gesto de cortesía institucional.
No tengo ningún interés. Solo traté de facilitar un acercamiento para que se escuchara a las personas de Revisalud”, afirmó Flores, quien añadió que la empresa no participó ni participará en la licitación actual, ya que tiene previsto retirarse del país.
No obstante, el contralor Flores fue enfático al cuestionar el manejo del proceso por parte del Municipio de San Miguelito, señalando que, mientras se mantiene una licitación abierta, la alcaldía avanzó en contrataciones paralelas por un monto de $3.8 millones para iniciar operaciones el próximo 19 de enero, contratos que aún no han sido refrendados por la Contraloría.
Aseguró que hasta la noche del martes no se habían recibido formalmente los contratos y sostuvo que no permitirá que se presione a la Contraloría bajo el argumento de una crisis sanitaria. “Esta Contraloría no funciona bajo presión”, advirtió, al tiempo que lanzó duras críticas contra la gestión municipal.
La alcaldesa Hernández respondió señalando que los contratos fueron ingresados a la Contraloría desde el 8 de enero y recordó que los procesos fueron informados desde junio, además de haber sido aprobados por el Consejo Económico Nacional entre el 23 y 24 de diciembre. Cuestionó, además, la intervención del contralor en gestiones con empresas privadas.
No sabía que el contralor también era relacionista público de empresas”, señaló Hernández, al poner en duda el rol de Flores en la coordinación de reuniones con Revisalud. Afirmó que la empresa nunca accedió a reunirse directamente con el municipio y que fue necesaria la intermediación del contralor para avanzar en la transición del servicio.
La alcaldesa de San Miguelito también manifestó su preocupación por la capacidad de la Autoridad de Aseo para asumir el servicio en tan corto plazo y denunció una posible intervención sobre los fondos municipales. No descartó que existan intereses de por medio, especialmente ante los recursos presentados por Revisalud para extender su permanencia en el distrito.
Mientras tanto, el control de la recolección de basura en San Miguelito queda en manos del gobierno central, en un escenario marcado por tensiones políticas, cuestionamientos institucionales y una creciente preocupación ciudadana por la continuidad del servicio.