El proyecto propone mezclar 10% de etanol en la gasolina y genera debate por su carácter obligatorio y la falta de consulta ciudadana
La discusión sobre el futuro energético de Panamá comienza a tomar fuerza en la Asamblea Nacional (AN), ya que este jueves, la Comisión de Comercio realizó un foro con especialistas para analizar los beneficios, riesgos y desafíos del proyecto de ley que busca reactivar el uso de biocombustibles en el país mediante la incorporación obligatoria de bioetanol en los combustibles, según informó el presidente de la Comisión de Comercio, Ernesto Cedeño.
La iniciativa, presentada en octubre pasado por el ministro de la Presidencia, plantea que la gasolina distribuida en más de 600 estaciones de servicio a nivel nacional contenga un 10% de etanol, y el primer debate del proyecto se iniciará después del 30 de enero.
Durante el foro se abordaron varios puntos clave del anteproyecto, en materia de regulación, se indicó que la Secretaría Nacional de Energía (SNE) sería la entidad responsable de otorgar los permisos y autorizaciones para la producción y el uso del etanol.
Además, se informó que al menos cuatro empresas panameñas han manifestado su interés en invertir en la producción de bioetanol, aunque han solicitado un marco jurídico claro que brinde certeza y seguridad a sus inversiones.
Otro de los aspectos analizados fue el posible impacto en los precios de los combustibles, el secretario de Energía señaló que no se prevé un aumento significativo para los consumidores, aunque aclaró que el efecto final dependerá de la evolución de los precios internacionales del etanol y de la gasolina.
Entre los beneficios esperados del proyecto se destacó su potencial para dinamizar el sector agropecuario en zonas rurales, generar empleos y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, con efectos positivos tanto para el ambiente como para la salud pública.
Sin embargo, uno de los puntos que generó mayor debate fue la falta de consulta ciudadana, varios diputados y especialistas advirtieron que, al tratarse de una medida de carácter obligatorio, es indispensable abrir espacios de participación en las provincias para escuchar la opinión de la población.
El proyecto de ley representa un paso importante hacia la transición energética en Panamá, pero su aprobación dependerá de cómo se resuelvan las dudas relacionadas con los costos, la obligatoriedad de la medida y los mecanismos de participación ciudadana.