La conclusión de los forenses choca con la versión oficial sobre un intento de salvarle la vida
El fallecimiento del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas ha sido oficialmente catalogado como un homicidio por asfixia. El informe de la autopsia, que se ha conocido recientemente, es contundente al determinar que la muerte se produjo por la compresión de su cuello y torso durante un forcejeo con los guardias de la instalación el pasado 3 de enero, informó el diario La Razón.
De hecho, la narración de un testigo presencial aporta detalles estremecedores que cuestionan gravemente la actuación de los agentes. Según su testimonio, Lunas Campos se encontraba ya esposado en el suelo cuando varios funcionarios lo inmovilizaron, y uno de ellos le oprimía el cuello con fuerza. Esta versión de los hechos pone en tela de juicio la proporcionalidad de los medios empleados por el personal del centro de detención.
Sin embargo, la versión de las autoridades ha cambiado drásticamente desde que ocurrieron los hechos. En un primer comunicado, el ICE se limitó a informar de que el fallecido se había mostrado alterado, lo que habría provocado la intervención.
Posteriormente, la agencia federal modificó su relato para asegurar que Lunas Campos había intentado suicidarse y que los guardias actuaron para salvarle la vida. Esta disparidad de versiones choca frontalmente con el informe forense, que no menciona ningún indicio que apunte a un intento de suicidio.
Además, este trágico suceso no es un hecho aislado que pueda atribuirse a un incidente puntual en el centro Camp East Montana.
Se trata de una de las al menos tres muertes que se han producido en estas instalaciones en el lapso de poco más de un mes, una alarmante acumulación de casos que ha puesto el foco sobre las condiciones de seguridad y el trato que reciben los internos en el recinto. Aunque se ha sabido que el migrante fallecido contaba con antecedentes penales por varias condenas en el estado de Nueva York, la recurrencia de incidentes mortales ha encendido todas las alarmas.
En ese contexto, la gestión del centro se encuentra en el punto de mira, ya que está operada por un contratista privado que, según ha trascendido, carecía de cualquier tipo de experiencia previa en la administración de centros penitenciarios.
Esa preocupante situación ha provocado una fuerte reacción política y ha llevado a la congresista Veronica Escobar a exigir públicamente el cierre inmediato del centro de detención hasta que se esclarezcan por completo las circunstancias que rodean estas muertes.