La jueza Baloisa Marquínez validó el acuerdo de pena en el juicio Odebrecht, que contempla prisión, resarcimiento económico y la posible aplicación de un subrogado penal
El acuerdo al que llegó el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini, establece devolver $1.9 millones al Estado panameño y cumplir una pena de 30 meses de prisión, tras la validación oficial dentro del juicio por sobornos del caso Odebrecht.
La fiscal encargada del caso, Ruth Morcillo, reveló que el acuerdo incluye tanto la pena privativa de libertad como la devolución del dinero blanqueado. “Es un acuerdo de pena que se suscribe con uno de los acusados y sus abogados defensores, con pena y devolución. En este caso, la devolución se estimó en una suma de $1.9 millones, que es el monto que el Ministerio Público (MP) logró acreditar que llegó a las cuentas del acusado”, señaló Morcillo.
El acuerdo fue presentado por el Ministerio Público ante la jueza Baloisa Marquínez, quien lo avaló durante la audiencia de este miércoles.
Morcillo explicó que el resarcimiento económico deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses y forma parte de la sanción impuesta. “La pena establecida fue de 30 meses de prisión y el cumplimiento del pago de la devolución, que en realidad es el resarcimiento al Estado del dinero blanqueado”, añadió. Explicó que el mínimo establecido por norma, es de 20 meses y el resarcimiento al Estado del dinero.
No obstante, la fiscal aclaró que la condena podría ser sustituida por un subrogado penal, lo que permitiría a Francolini pagar un monto adicional para evitar el cumplimiento efectivo de la pena en un centro penitenciario, conforme a lo que determine el tribunal.
El juicio por el caso Odebrecht entró en un receso hasta este viernes, con el fin de que la Fiscalía pueda analizar las pruebas extraordinarias presentadas por los abogados defensores ante el Tribunal de Juicio. Hasta el momento, se han validado tres acuerdos de pena dentro de este proceso.
Francolini no es ajeno a condenas previas por delitos similares. En noviembre del 2023, la jueza Baloisa Marquínez lo condenó a 60 meses de prisión y al pago de una multa de $470,000 por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, un esquema de corrupción que, al igual que Odebrecht, involucró el pago de sobornos por parte de constructoras para obtener contratos públicos.
En el caso Blue Apple también fueron condenados los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford. Ambos fueron igualmente imputados en el proceso Odebrecht; sin embargo, Ford fue excluido del juicio al formar parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Por otro lado, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó una serie de pruebas extraordinarias que espera sean valoradas dentro del juicio por el caso Odebrecht, según informó su abogado Carlos Carrillo.
Entre los documentos entregados destacan certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que indican que nunca hubo gestiones ni autorización para levantar el principio de especialidad de Martinelli, y constancias de la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, que confirman que desde enero del 2025 no se recibió ninguna solicitud del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el caso.
La defensa también aportó certificaciones del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas, que avalan que Odebrecht no fue procesada patrimonialmente ni se adelantaron investigaciones sobre contribuciones privadas en las campañas presidenciales del 2004 y el 2009.
Además, incluyó la opinión jurídica del Colegio Nacional de Abogados, que resalta la importancia de garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas sometidas a juzgamiento.
Como complemento, se remitieron consideraciones provenientes de Brasil y advertencias hechas por el magistrado José Antonio Dias Toffoli sobre posibles abusos de poder judicial en el caso Lava Jato.
También se incluyó una vista fiscal del 2022 en la que la fiscal Ruth Morcillo pedía el sobreseimiento de la causa, aunque ahora, en el 2026, pretende usar un testigo protegido de esa misma investigación, cuyas declaraciones previamente no tenían mérito para la fiscalía.
Estas acciones buscan reforzar la posición de Martinelli y cuestionar la validez de algunos elementos de la acusación en su contra.
En tanto, el empresario Aaron Mizrachi fue excluido de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, decisión que fue confirmada por la jueza Baloisa Marquínez durante la sesión del proceso.
La fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo había sustentado su oposición en la existencia de una apelación aún en trámite, aunque reconoció que el efecto devolutivo de la misma no suspende el amparo presentado por la defensa.