Las autoridades no han logrado ubicar al exvicepresidente, quien podría estar en Guatemala buscando su juramentación en el PARLACEN
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP) emitió una orden de captura contra el exvicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, de acuerdo con un oficio fechado este lunes, emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, firmado por la fiscal superior, Adela Cedeño.
Hasta el momento no se ha concretado la captura del exfuncionario y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Fuentes vinculadas a la investigación señalan que Carrizo podría encontrarse fuera del territorio nacional, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Según Radio Panamá, Carrizo se ecuentra en Guatemala en busca de su juramentación en el PARLACEN, lo que “aún no está en agenda, pero será prioridad para la bancada panameña”.
La investigación forma parte de los procesos que adelanta el MP relacionados con el manejo de fondos y el incremento patrimonial de exfuncionarios que ocuparon altos cargos en la administración pública. El presunto delito de enriquecimiento injustificado se configura cuando no se logra justificar de manera legal el aumento del patrimonio personal durante o después del ejercicio de funciones públicas.
Carrizo se desempeñó como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia durante el periodo gubernamental 2019-2024, una gestión que estuvo marcada por cuestionamientos ciudadanos, investigaciones y demandas de mayor transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Hasta el momento, ni Carrizo ni su equipo legal han emitido un pronunciamiento público sobre la orden de captura. La Fiscalía, por su parte, mantiene en reserva mayores detalles del expediente, al tratarse de una investigación en curso.
Las autoridades reiteraron que continuarán las diligencias correspondientes para hacer efectiva la orden judicial y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso, en el marco del debido proceso.