Una decisión que genera posturas encontradas dentro y fuera del Legislativo
La decisión de la Asamblea Nacional (AN) de conceder licencia a diputados para ejercer la abogacía durante su periodo legislativo volvió a encender el debate público sobre ética, conflicto de intereses y el rol de los representantes electos, informó el diario Metro Libre.
La medida fue sustentada en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución, que establece excepciones para el ejercicio profesional de los diputados, no obstante, la decisión no estuvo exenta de controversia y revive un tema que en ocasiones anteriores no había logrado el respaldo mayoritario del pleno.
Desde la bancada de Vamos, la diputada Janine Prado calificó la resolución como un retroceso, al advertir sobre los riesgos de conflicto de intereses. “El conflicto de interés no empieza cuando se prueba un abuso, inicia cuando el cargo puede favorecer intereses privados”, afirmó.
En la misma línea, la diputada del Partido Popular (PP), Patsy Lee, manifestó su rechazo a la medida y cuestionó la viabilidad práctica de la misma. “¿En qué tiempo van a ejercer si su función es legislar y fiscalizar?”, expresó.
Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño, quien votó a favor de la resolución, defendió su postura apoyándose en un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según explicó, tras haber cuestionado anteriormente la legalidad de esta práctica, el pleno de la Corte determinó que no era inconstitucional. “Yo pensaba que eso era antiético y demandé la inconstitucionalidad del tema y la Corte en Pleno me dijo que estaba yo en un error”, comentó.
Fuera del ámbito legislativo, el abogado Aristides Blanco sostuvo que el hecho de que la práctica no sea inconstitucional no pone fin al debate. “La constitucionalidad fija el mínimo; la ética pública exige estándares más altos”, señaló, al considerar que el Órgano Legislativo debería regirse por criterios más estrictos.
Asimismo, el exdirector del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rubén Castillo, también se pronunció sobre el tema, a A su juicio, un diputado no debería ejercer el derecho, salvo en casos pro bono y siempre que no exista ningún conflicto de intereses.
La aprobación de estas licencias reabre así una discusión de fondo sobre los límites entre el ejercicio profesional y la función pública, en un contexto donde la transparencia y la confianza ciudadana siguen siendo temas centrales en la agenda nacional.