La empresa calificó de infundada la decisión que anuló su concesión en Balboa y Cristóbal y anunció que se reserva acciones legales
Panama Ports Company, S.A. (PPC) reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión que le permitía operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, calificando el fallo como carente de fundamento jurídico y contrario al marco legal vigente.
En un comunicado oficial, la empresa indicó que “toma nota de la declaración emitida esta noche por el Órgano Judicial de la República de Panamá en la que se afirma que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes”.
No obstante, aclaró que aún no ha sido notificada formalmente de la decisión y sostuvo que el fallo es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.
PPC enmarcó el fallo como el último desarrollo de una campaña del Estado panameño que, según la empresa, ha impactado tanto a la concesionaria como a su inversionista durante más de un año, mediante acciones que calificó de inesperadas contra la concesión.
La compañía destacó que durante sus 28 años de operación ha invertido más de $1,800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cifra que supera ampliamente la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país.
De acuerdo con PPC, estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido clave para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial.
Asimismo, recordó que la concesión fue otorgada tras una licitación internacional que calificó de transparente y afirmó haber cumplido con todas sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el propio Estado, siempre con plena disposición de colaboración.
Sobre el impacto de la decisión, PPC advirtió que el fallo “pone en riesgo no solo a la empresa y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas”, además de afectar el estado de derecho y la seguridad jurídica del país, aseguró que la resolución es diametralmente opuesta a otros fallos emitidos por la propia CSJ en relación con contratos similares.
La empresa también sostuvo que las acciones del Estado panameño estarían socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global, insistiendo en que la estabilidad institucional, el respeto a los contratos y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible.
Finalmente, PPC reiteró su compromiso con Panamá, sus trabajadores y las comunidades de Balboa y Colón, aunque advirtió que continúa reservándose todos sus derechos, incluyendo el recurso a procedimientos legales e internacionales.
La compañía concluyó reiterando su llamado a la coordinación y al diálogo con el Estado panameño para evitar disrupciones y proteger la continuidad de los servicios portuarios.