APLAUSOS DE USA
Dice el cubano Rubio, que USA “se siente alentado por la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional las concesiones portuarias a China”. Eso lo replicó Kevin, el embajador, quien aplaudió la decisión de “anular” la concesión de PPC. Elogió “el poder judicial independiente de Panamá”, porque el fallo se alineó con la Casa Blanca. Dicen que lo apropiado y válido de los contratos suscritos por el Estado, no deben ser desacreditados por gobiernos extranjeros. El de PPC no debe ser la excepción.
PRECISIONES DE PPC
Dice Panamá Ports que “el contrato es muy claro, el equipamiento, las inversiones que ha hecho la empresa pertenecen a Hutchison Ports Holding. Las grúas pórticas, las grúas de patio, los camiones, todo eso, son bienes privados y son esenciales para la operación de los puertos”. Aseguró que, pese al fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, la empresa va a cooperar para que los puertos sigan funcionando. En el intermedio, la concesionaria anunció que también dará la pelea, porque lo actuado es “incompatible con el marco jurídico” y la ley que aprobó el contrato. Denuncia que desde hace un año se ha montado una “campaña del Estado” contra la concesionaria lo que “continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable”.
CRÍTICAS AL FALLO
Dice Felipe Argote que ”cuando BlackRock negociaba con Hutchison su compra no negociaba la concesión de Balboa y Cristóbal que era un contrato con la República de Panamá, negociaba fundamentalmente los activos de Hutchison. Cuando el gobierno deroga la concesión a Panamá Ports no incluye los activos a menos que los expropie. Con qué mueve la carga Maerks. No es una cosa de dame las llaves que se las doy a Maerks. Igualmente Maerks no tiene obligación de asumir el pasivo laboral de los empleados”. Richard Morales dice que “Panamá puede ser dueño de sus puertos y estos deben ser operados por una empresa estatal como lo es la ACP. Concesionarlos nuevamente -como quiere el gobierno- para beneficiar a Estados Unidos y profundizar la crisis geopolítica con China, es la peor decisión y la más humillante”.
INVERSIONES MILLONARIAS
Dicen que una inversión superior a $1,220 millones en 37 proyectos viales anunciada por el MOP promete dinamizar la economía al generar 10,000 empleos directos y llevar desarrollo a todo el país. Persiste la duda sobre la capacidad real de ejecución, la transparencia en la asignación de los contratos y el impacto efectivo de esas obras, si se concretan. Los retrasos, sobrecostos y promesas incumplidas en infraestructura vial han sido una constante que obliga a mirar esos anuncios con cautela y escepticismo.
CASO ODEBRECHT
Dicen que en el juicio más emblemático de corrupción del país, un testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción puede darse el lujo de no presentarse a rendir cuentas y salir apenas con una multa de $100, como ocurrió con Olmedo Méndez, colaborador en el caso Odebrecht. Eso deja en evidencia la debilidad del sistema para exigir responsabilidades, la falta de seriedad con la que se maneja la comparecencia de piezas fundamentales del proceso y el mensaje preocupante que se envía a la ciudadanía sobre la verdadera voluntad de esclarecer el mayor escándalo de corrupción en Panamá.
CRECERÁ EL EMPLEO
Dicen que el mercado laboral panameño podría mejorar en el 2026 porque el 20% de los especialistas en recursos humanos ve un panorama más favorable y las empresas prometen contratar más y subir salarios. El optimismo se queda corto cuando casi la mitad de los expertos admite que todo seguirá igual, lo que sugiere que las supuestas señales positivas -como el 79% de empresas que planea contratar y el 59% que prevé aumentos salariales- podrían quedarse en anuncios estadísticos que no necesariamente se traducen en empleos de calidad, estabilidad laboral ni mejores condiciones reales para la fuerza trabajadora.
AMNISTÍA EN VENEZUELA
Dicen que la amnistía general que promueven los herederos del dictador Maduro para tapar los crímenes del periodo chavista, desde 1999 hasta el presente, tiene el objetivo de promover la convivencia social y la reconciliación. Borrón y cuenta nueva. Una ley para “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y que “sirva para la convivencia entre los venezolanos”. Es difícil que los venezolanos acepten que se tienda un manto de impunidad sobre los crímenes de 27 años de dictadura, pese a los llamados al entendimiento nacional.