Juristas señalan que los cambios impulsados por Daniel Ortega y Rosario Murillo desmantelaron el Estado de Derecho
Este viernes se cumplió un año de la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política de Nicaragua que, según expertos, transformó de forma radical la estructura del Estado, eliminó el balance de poderes y concentró el control absoluto en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa, ahora copresidenta, Rosario Murillo, informó la agencia EFE.
Hace un año se concretó la destrucción total del Estado, dando paso a una dinastía familiar con apariencia de constitucionalidad”, afirmó el abogado nicaragüense Salvador Marenco, especialista en derecho constitucional y activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
A su juicio, las enmiendas equivalen a una nueva Constitución, desvinculada de cualquier pacto social y alejada de los principios de un Estado garante de derechos.
Las reformas, que entraron en vigor a mediados de febrero del 2025, han sido duramente cuestionadas por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores opositores.
Entre los cambios más controvertidos figuran la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años, la creación de la figura de copresidenta, la subordinación de los antiguos poderes del Estado al Ejecutivo y la legalización de la apatridia.
Marenco sostuvo que estas modificaciones fueron diseñadas para garantizar el continuismo de la dictadura y para criminalizar la disidencia, al permitir declarar traidor a la patria a quien emita opiniones contrarias al gobierno. “Es una Constitución que, en vez de reflejar derechos, refleja amenazas”, afirmó.
Por su parte, el abogado nicaragüense exiliado, Juan Diego Barberena, advirtió que la reforma ha provocado el desmembramiento del orden constitucional, anulando los límites al poder político y configurando un régimen de carácter totalitario. “Si antes existía en los hechos, hoy existe de Derecho”, señaló, al subrayar que los derechos fundamentales han sido restringidos en su esencia.
Barberena explicó que la presidencia, ejercida por Ortega y Murillo, concentra y dirige los órganos legislativo, judicial y electoral, lo que representa el poder total y evidencia el colapso del Estado de Derecho, donde la ley dejó de sujetar al poder y el poder ahora sujeta a la ley.
En total, los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la tortura, además de incorporar como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde el 2007 y, junto a Murillo desde el 2017, en medio de denuncias de fraude electoral, represión y eliminación sistemática de la oposición, en un contexto que expertos describen como la consolidación de una sucesión dinástica bajo un marco constitucional hecho a la medida del poder.