Durante su discurso de victoria, Fernández defendió un nuevo ciclo político para el país
Laura Virginia Fernández hizo historia el domingo 1 de febrero del 2026 al convertirse en la segunda mujer elegida para la Presidencia del país centroamericano y, a la vez, en el rostro de un giro político que tensiona uno de los pilares de la identidad costarricense: Su tradición civilista.
Su victoria fue amplia y le permitió evitar una segunda vuelta, un hecho poco frecuente en la política reciente del país, informó el diario La Razón.
Según los cortes oficiales, la politóloga de 39 años rozó el 50% de los votos y se impuso por unos 15 puntos a su rival más cercano, el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, con una abstención de 30 puntos. Además del triunfo presidencial, el oficialista Partido Pueblo Soberano se aseguró 31 de los 57 escaños del Parlamento, una mayoría absoluta que no se veía desde los años ochenta.
Fernández no solo ganó, sino que lo hizo con un mandato definido por una palabra que se repitió en toda la campaña, y que ahora marcará su aterrizaje en el poder el 8 de mayo: Seguridad.
El país, durante décadas percibido como uno de los más estables de América Latina, atraviesa una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que convirtió el tema en la principal preocupación ciudadana. Ella lo capitalizó con una promesa de “puño de hierro” y con un programa inspirado abiertamente en el modelo del autócrata Nayib Bukele, que fue de los primeros en celebrar su victoria.
Fernández se presentó como la “heredera” política del presidente saliente Rodrigo Chaves y construyó su candidatura bajo la promesa de continuidad: Liberalismo económico con conservadurismo social, retórica confrontativa contra la “casta política” y una crítica sostenida al Poder Judicial y al Legislativo por lo que el oficialismo describe como permisividad ante el crimen.
Su trayectoria explica parte de ese encuadre. Se presenta como mujer de pueblo, de infancia rural, que surgió como tecnócrata.
Casada con Jeffrey Umaña y madre de una niña pequeña, ha hecho de la familia un elemento central de su identidad pública. Es católica, pero se ha acercado a sectores evangélicos en ascenso, con los cuales comparte posturas conservadoras como las líneas rojas nítidas respecto al aborto y la eutanasia.
Hasta hace cuatro años era una funcionaria de rango medio en Planificación, un ministerio poco visible. Antes, trabajó como asesora de políticos de distintos partidos.
En el 2022 se acercó a Chaves y escaló rápidamente: Ministra de Planificación y luego ministra de la Presidencia, una cartera clave para negociar y ordenar la agenda del Ejecutivo. “Nadie me tiene que explicar cómo funcionan las instituciones”, dijo durante la campaña.
Ese vínculo, no obstante, es aprovechado por sus críticos, que la señalan como una “incondicional” de Chaves, afirmando que el mandatario saliente podría intentar gobernar desde las sombras. La propia Fernández dejó abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo ministerial y, en una videollamada televisada tras conocerse resultados preliminares, le dijo: “Tu trabajo, tu legado está en buenas manos”.
En su discurso de victoria, Fernández habló de un nuevo ciclo político para el país. “El pueblo habló, la democracia votó y optó por la continuidad del cambio. Nos toca a nosotros edificar la ‘tercera república'”. Para la presidenta electa, la “Segunda República” que termina es la etapa post guerra civil de 1948.
Asimismo, anunció que aprovechará su mayoría parlamentaria para lograr un cambio “profundo e irreversible” incluso en el andamiaje jurídico. “Ley que no sirve, que se volvió obsoleta, que se volvió un lastre al desarrollo, se modifica o se deroga”.
Entre las promesas centrales de su campaña, y que ahora deberá ejecutar, está la de expandir una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en el CECOT salvadoreño. El costarricense se llama Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) y lo usará para “sacar a los delincuentes de circulación”, como dijo durante la campaña.
En su discurso, Fernández ha abogado por el endurecimiento de las penas y por la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas conflictivas del país, con suspensión de garantías individuales. Ha dicho que la Constitución le permitiría hacerlo.
Esa promesa, sin embargo, choca con la cultura política costarricense y ha generado alarmas en sectores opositores que advierten una posible deriva autoritaria. Analistas y rivales le reprochan también su retórica contra el Poder Judicial y su intención de reformar instituciones de control.
Al tener mayoría en el Congreso, la nueva presidenta podrá aprobar y modificar leyes, pero no adelantar reformas constitucionales o suspensión de garantías. Necesitará siete votos entre los grupos opositores para lograrlo.