El expresidente advierte posibles impactos en otros contratos portuarios y llama a priorizar ingresos estatales y empleo
El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato que otorgaba a Panama Ports Company (PPC) la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, planteando interrogantes sobre el alcance jurídico y económico de la decisión y sus posibles efectos sobre otras concesiones portuarias del país.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Martinelli recordó que en el pasado se discutió la posibilidad de equiparar los contratos de otros puertos al esquema de PPC, “ahora declarado inconstitucional”, debido a que contemplaba tasas y contribuciones más bajas al Estado. En ese contexto, cuestionó si la inconstitucionalidad declarada podría generar consecuencias similares sobre acuerdos que fueron homologados bajo ese mismo criterio.
¿Alguien me podría decir si lo que afecta a uno se equipara y afectaría a los otros?”, planteó el exmandatario, quien señaló que el debate sobre la igualdad contractual antes era visto como beneficioso para las concesiones, aunque -según dijo- en detrimento de los ingresos estatales.
Martinelli afirmó que la situación le genera “dudas” y subrayó que, más allá de la controversia legal, el país debe enfocarse en una negociación que garantice mayores beneficios económicos para el Estado. También insistió en la necesidad de proteger la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la cadena de proveedores vinculados a la operación.
El fallo de la Corte Suprema ha reabierto un debate nacional sobre la seguridad jurídica de las concesiones públicas, el rol del Estado en la administración de activos estratégicos y el equilibrio entre atracción de inversión extranjera y protección del interés fiscal. Analistas advierten que la resolución podría tener implicaciones en la política contractual del país y en futuras negociaciones con operadores internacionales.
Mientras tanto, sectores empresariales y sindicales siguen atentos a los próximos pasos del Ejecutivo y a la eventual redefinición del modelo de concesión portuaria, en un escenario que combina incertidumbre jurídica con la necesidad de preservar la competitividad logística de Panamá.