Causará un daño profundo al entorno empresarial del pais, además de socavar gravemente las reglas del comercio internacional, añade
CK Hutchison, con sede en Hong Kong, ha iniciado procedimientos de arbitraje para impugnar un fallo de un tribunal panameño que anuló su derecho a operar dos puertos en el canal del país, apenas horas después de que Pekín advirtiera que la nación centroamericana pagaría un alto precio político y económico, informó el diario South China Morning Post.
El conglomerado liderado por la familia del multimillonario hongkonés Li Ka-shing dijo este miércoles que discrepa firmemente del fallo de la Corte Suprema de Panamá sobre los puertos del Canal, el cual podría entrar en vigor este mismo mes.
La empresa indicó que su filial, Panama Ports Company (PPC), había tomado medidas al respecto.
“El 3 de febrero de 2026, PPC inició, y continuará persiguiendo enérgicamente, procedimientos de arbitraje contra la República de Panamá conforme al contrato de concesión aplicable y al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, señaló la compañía.
“El grupo continúa consultando con sus asesores legales y se reserva todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales adicionales tanto nacionales como internacionales en este asunto.”
En un comunicado separado emitido el miércoles, PPC expuso los fundamentos legales del arbitraje, citando un incumplimiento de contrato por parte de las autoridades panameñas.
La empresa también prometió reclamar “daños extensos” mediante el arbitraje, mientras que ella y sus inversionistas “se reservan permanentemente todos los derechos”. Según el comunicado, las autoridades panameñas han estado realizando visitas a los sitios e instruyendo a PPC a otorgar acceso irrestricto a sus propiedades e información, haciendo referencia a un fallo aún no publicado.
El desarrollo se produjo un día después de que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de Pekín afirmara en un comentario que el fallo era “autodestructivo” para la credibilidad financiera de Panamá y causaría un daño profundo a su entorno empresarial, además de socavar gravemente las reglas del comercio internacional.
“La insistencia de las autoridades panameñas en esto, pese a las preocupaciones generalizadas, equivale a dispararse en el pie”, señaló el comentario, publicado en la cuenta de WeChat de la oficina bajo el nombre de usuario “Gang Ao Ping”.
El fallo carece de fundamento legal y es racionalmente absurdo, llegando a lo completamente disparatado. El contrato de concesión de los puertos del Canal de Panamá que involucra a la empresa hongkonesa ha estado vigente durante casi 30 años desde su firma”.
El comentario agregó que las autoridades panameñas habían confirmado antes y después de la renovación del contrato que el proyecto había “cumplido sustancialmente con los términos contractuales” y “ejecutado plenamente sus obligaciones”.
En respuesta al fallo judicial, Pekín prometió la semana pasada tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las empresas chinas.
El comentario afirmó: “Si [las autoridades panameñas] persisten en su curso de acción y se mantienen obstinadas, inevitablemente pagarán un alto precio político y económico”.
El fallo, emitido el jueves por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, declaró inconstitucional la Ley N.º 5 del 16 de enero de 1997. La decisión despojó a PPC de su concesión para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos de la vía acuática estratégica.
PPC dijo el viernes que la decisión del tribunal era “inconsistente” con el marco legal pertinente y advirtió que podría emprender acciones legales para impugnarla.
PPC aseguró que había invertido más de $1,800 millones en infraestructura y que cumplió con sus obligaciones contractuales.
La auditoría se inició el 20 de enero, el día en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. La administración de Trump había prometido “recuperar” el control de la vía acuática, alegando que China tenía demasiada influencia sobre el Canal.
Sin mencionar directamente a Estados Unidos, el comentario también acusó a Panamá de ceder ante presiones de otros países, convirtiendo su independencia judicial en “una broma”.
El gobierno de Hong Kong dijo la semana pasada que “desaprueba enérgicamente y rechaza firmemente” el fallo del tribunal, advirtiendo que la medida podría llevar a las empresas de la ciudad a “revisar cuidadosamente sus inversiones actuales y futuras” en Panamá.
El fallo también complica aún más los esfuerzos estancados de CK Hutchison por vender sus activos portuarios globales a un consorcio occidental.