La parlamentaria acusa incumplimiento de deberes y exige medidas inmediatas para proteger a menores bajo custodia estatal
La diputada Alexandra Brenes, presentó este viernes una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Ana Fábrega, y otros funcionarios de la institución, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes públicos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
La acción legal se sustenta en informes y correos internos que, según Brenes, evidencian graves irregularidades en la atención de niños y adolescentes bajo resguardo estatal. Entre las anomalías señaladas figuran el deterioro de la infraestructura, la falta de personal capacitado y la convivencia de menores con adultos en un mismo espacio, lo que contraviene estándares básicos de protección, afirma Brenes.
La diputada estuvo acompañada por César Augusto Pérez, exdirector de Prevención del SENNIAF, quien aseguró haber sido despedido bajo el argumento de “falta de confianza” tras alertar sobre las irregularidades. Pérez afirmó que remitió reportes directamente a la dirección de la entidad y que otros coordinadores regionales también fueron separados de sus cargos por denunciar situaciones similares.
Todo funcionario público tiene el deber de denunciar cuando se violan los derechos de nuestros menores. El silencio convierte a las personas en cómplices por omisión”, dijo Brenes, quien pidió al Ministerio Público actuar con celeridad y no descartó solicitar la intervención de organismos internacionales.
Previamente, el SENNIAF respondió que la inspección realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional se desarrolló “con normalidad” y en cumplimiento de los protocolos de protección. La entidad reiteró que mantiene abiertas sus puertas a la colaboración institucional y que las visitas a los albergues se coordinan bajo disposiciones específicas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los casos.
“Más allá del presupuesto, está en juego la protección de la niñez y el futuro del país”, señaló la diputada, quien reiteró un llamado a las autoridades para que adopten medidas inmediatas y garanticen una investigación exhaustiva.