Expertos advierten que la medida desalienta la participación ciudadana y vulnera principios de transparencia
La Contraloría General de la República (CGR) modificó el acceso a su portal de refrendos estatales, conocido como “Sígueme” o SCAFiD, obligando ahora a los ciudadanos a registrarse con datos personales, nombre completo, cédula y correo electrónico, para consultar pagos y trámites de las entidades públicas, informó este jueves el diario La Estrella.
De acuerdo al informe, la decisión elimina la posibilidad de ingresar de manera anónima y ha generado críticas de organizaciones de transparencia y expertos en derecho digital, quienes consideran que la medida constituye un “efecto inhibidor” en la participación ciudadana.
Leah Cedeño, de la Fundación Espacio Cívico, señaló que la exigencia de identidad parece un intento de “fiscalizar el monitoreo de la ciudadanía”. La abogada digital Lia Patricia Hernández Pérez advirtió que la medida incumple la Ley de Transparencia y vulnera el principio de confidencialidad en la protección de datos personales; mientras que Olga de Obaldía, directora de Transparencia Internacional Panamá, calificó la nueva política como una “aduana digital” que vigila al ciudadano y fomenta un ecosistema de opacidad.
El informe destaca además, que el portal “Sígueme” ha sido clave para investigaciones periodísticas que derivaron en procesos judiciales, como los pagos cuestionados en la planilla 150 de la Asamblea Nacional (AN). Periodistas y organizaciones recuerdan que el acceso libre a esta información permitió documentar prácticas de clientelismo y uso discrecional de fondos públicos.
El Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) advirtió que restringir el acceso a datos oficiales afecta la labor investigativa y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
En tanto, en un comunicado, la CGR justificó la medida como un mecanismo para “identificar patrones de consulta anómalos” y evitar intentos de saturar el sistema. La entidad aseguró que la plataforma fue restablecida tras labores de monitoreo, aunque usuarios continúan reportando fallas en el acceso.
La Contraloría afirma que mantiene su compromiso con la transparencia y la ciberseguridad, mientras los críticos sostienen que la seguridad informática no debe convertirse en excusa para el oscurantismo