El caso salpica a familiares y allegados del matrimonio, y la red de narcotráfico se sustentó en el uso de pasaportes diplomáticos y aeronaves estatales
La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico y narcoterrorismo incluye un presunto envío de 5.5 toneladas de droga en el 2006, informó el diario El Nacional.
El escrito presentado ante la Corte Del Distrito Sur de Nuev York señala que el cargamento, que salió desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue autorizado mediante sobornos y tenía como destino México.
Aunque las autoridades mexicanas incautaron la droga, la acusación describe que la operación y el uso de instalaciones estatales estarían vinculados a redes de narcotráfico con participación de altos funcionarios del régimen venezolano de entonces.
Además de la mención específica a ese envío del 2006, el documento imputa a Maduro, a Flores y a otros colaboradores por su presunta participación en una red que facilitó el tránsito de cocaína y otros beneficios logísticos a organizaciones criminales internacionales durante más de una década.
El expediente apunta también a figuras como Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, acusado de recibir pagos para proteger ciertas operaciones, y a Hugo el Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La acusación forma parte de un caso más amplio que ya salpica a familiares y allegados cercanos del matrimonio, y sostiene que la red de narcotráfico se sustentó en el uso de pasaportes diplomáticos, aeronaves estatales y la colaboración directa con carteles de la droga.
Maduro y Flores han negado los cargos, pero las autoridades estadunidenses consideran que existe evidencia suficiente para llevar el caso a juicio.
La próxima audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos quedó fijada para el 26 de marzo a las 11:00 de la mañana, según una notificación consignada por la Fiscalía y la defensa ante el tribunal que lleva el caso en Nueva York.
De acuerdo con el documento, disponible en el archivo digital del proceso, ambos recibieron el 30 de enero una visita consular de un funcionafio venezolano mientras permanecen detenidos en una cárcel neoyorquina.
La comunicación presentada ante el juez indica que el funcionario representaba a la República de Venezuela y acudió para facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran.
El escrito señala además que el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, había ordenado durante la primera comparecencia de los acusados, celebrada el 5 de enero, que la Fiscalía garantizara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal una vez cumplida esa instrucción.