La empresa calificó la intervención en los puertos de Balboa y Cristóbal como “ilegal” y anunció que evalúa acciones legales contra el Estado panameño, mientras se analiza indemnización
Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, reaccionó este lunes al decreto de ocupación de los puertos de Balboa y Cristóbal, calificando la medida como una “toma ilegal” y advirtiendo que recurrirá a instancias internacionales de arbitraje para defender sus intereses.
En un comunicado, la compañía denunció que funcionarios del gobierno ingresaron directamente a las instalaciones, intervinieron bienes y notificaron al personal que la concesión había dejado de existir, obligándola a cesar operaciones.
De acuerdo al diputado Ernesto Cedeño, el mensaje a la nación, del presidente José Raúl Mulino este lunes, da a entender que va a haber una indemnización a la empresa por el uso de sus recursos y maquinaria, pero están por determinar cuál sería el monto.
Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, señaló Mulino en su discurso al país.
Explicó que firmó un decreto de ocupación, que asegura es una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes.
“Expreso con toda sinceridad que todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino en cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana”, aseguró Mulino.
PPC sostuvo que la acción constituye el punto culminante de una “campaña ilegal” iniciada hace un año contra la empresa y sus inversionistas.
La empresa aseguró que no ha consentido el uso de sus recursos ni recibido compensación por la intervención, y alertó sobre los riesgos operativos que genera la interrupción en ambas terminales. También cuestionó la legalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del decreto ejecutivo que ordenó la ocupación, señalando inconsistencias con la postura que el propio Estado mantuvo durante casi tres décadas.
El pronunciamiento se conoció horas después de que el Consejo de Gabinete aprobara contratos transitorios con APMT Panamá y TIL Panamá, subsidiarias de Maersk y Mediterranean Shipping Company, respectivamente, para operar las terminales por un período de hasta 18 meses. Estos acuerdos, ya refrendados por la Contraloría, fijan contraprestaciones de $26.1 millones por el puerto de Balboa y $15.8 millones por la terminal de Cristóbal.
PPC afirmó que se reserva el derecho de iniciar arbitrajes internacionales y activar mecanismos de protección de inversiones contemplados en tratados vigentes, mientras continúa explorando soluciones.
Por su parte, el Ejecutivo reiteró que la medida busca garantizar la continuidad de las operaciones portuarias y que los contratos transitorios son un paso previo a un proceso abierto y competitivo para definir la concesión definitiva.
Mientras, Mulino garantizó la estabilidad laboral de más de 7,000 trabajadores vinculados a las terminales, aseguró que proveedores y clientes podrán continuar sus operaciones sin interrupciones y reiteró que la concesión definitiva de ambos puertos se otorgará de manera independiente, una en cada puerto, mediante procesos abiertos y competitivos, bajo principios de transparencia, eficiencia y estabilidad jurídica.