En los alegatos finales, el Ministerio Público expuso transferencias vinculadas a familiares del exministro y presentó balance de una investigación considerada “una de las más complejas” en el país
Según la acusación, sociedades vinculadas a los padres fallecidos del exfuncionario recibieron fondos provenientes de la Constructora Internacional del Sur, sociedad offshore utilizada para el pago de sobornos, acusación que la defensa del exfuncionario rechaza.
Morcillo presentó testimonios sobre pagos indebidos relacionados con la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá y reiteró que la investigación, iniciada en el 2017, ha sido catalogada como una de las más complejas en materia de corrupción y blanqueo de capitales en el país. “La colaboración eficaz permitió reconstruir la ruta del dinero e identificar los mecanismos financieros utilizados para canalizar sobornos”, sostuvo la fiscal.
El balance del Ministerio Público detalla que se formularon cargos por blanqueo de capitales contra 101 personas naturales, de las cuales 37 fueron llamadas a juicio. Se dictaron 32 sobreseimientos provisionales y nueve definitivos, mientras que tres exministros enfrentaron cargos por corrupción de servidores públicos, aunque estos casos prescribieron. En total, se aplicaron 43 medidas cautelares personales, incluyendo 12 detenciones provisionales y nueve impedimentos de salida del país.
En materia patrimonial, la Fiscalía reportó la aprehensión de bienes por $7.3 millones y la incautación de más de $59 millones en Panamá y el extranjero. Hasta la fecha, hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de $80 millones. Entre los sentenciados figuran José Luis Saiz, Jorge Espino, Andrés Mozes Libedinisky, Mauricio Cort y García, Raúl De Saint Malo, Humberto de León y Olmedo Méndez Tribaldos, con penas de prisión, inhabilitaciones y multas millonarias.
La fiscal Morcillo destacó que los acuerdos alcanzados con imputados y empresas han permitido imponer sanciones que incluyen comisos de bienes y devoluciones de dinero al Estado. Con los alegatos en curso, el caso Odebrecht se acerca a una fase decisiva que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Panamá.