Productores advierten riesgos para la soberanía alimentaria mientras banca estatal y gremios piden una transformación urgente
El calendario de desgravación arancelaria del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos alcanzará en el 2026 un punto de inflexión considerado irreversible para la soberanía alimentaria del país, al desaparecer los aranceles que por años protegieron a los sectores agropecuarios más sensibles, informó el diario La Estrella.
Tras más de una década de aplicación progresiva del tratado, el mecanismo de desgravación entra en su fase más crítica, ya que a partir del 2026, productos estadunidenses podrán ingresar al mercado panameño con arancel del 0%, compitiendo directamente con la producción nacional, ahora sin escudos protectores.
Desde la óptica financiera y social, el panorama genera preocupación, y Rafael Jaén, gerente ejecutivo de la Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá (BANCONAL), advirtió que el 2026 representa un año de retos monumentales, especialmente para las familias que dependen del campo.
Según cifras del BANCONAL, existen alrededor de 5,400 productores activos, de los cuales 4,800 son pequeños y medianos. “Estos productores representan el eslabón más vulnerable de la cadena, ya que en muchos casos carecen de la infraestructura y el capital necesarios para competir en un mercado de arancel cero”, señaló Jaén.
Ante este escenario, explicó que la banca estatal apuesta por una respuesta técnica y estructural, no meramente asistencialista, el BANCONAL está impulsando el uso de tecnología, acompañamiento especializado y soluciones personalizadas, mediante equipos de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios con formación financiera, con el objetivo de evitar el abandono masivo de tierras productivas.
El 2026 es el año en que productos considerados sensibles pierden su protección: carne bovina deshuesada, carne de cerdo, maíz, concentrado de tomate y leche fluida pasarán a arancel cero. Otros rubros, como el arroz, seguirán esa ruta hasta 2031, aunque ya enfrentan reducciones que presionan severamente los márgenes locales.
Desde el sector empresarial, Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), fue enfática al señalar que el tratado no es renegociable. “Aquí no hay revisión. Es un acuerdo finiquitado y absorbido por ambas naciones”, afirmó.
Jiménez criticó que, mientras Panamá abre su mercado, Estados Unidos mantiene barreras técnicas y sanitarias que han impedido al país exportar productos avícolas en más de una década. Ante ello, propuso que el gobierno apoye decididamente a los sectores cárnico, lácteo y arrocero, pero también que Panamá diversifique sus mercados y aproveche los otros 25 tratados de libre comercio que mantiene vigentes.
Ítalo Salcedo destacó que el país es autosuficiente, cubriendo el 100% de la demanda de huevos y pollo fresco, sin embargo, advirtió que la competencia con productos importados congelados, más baratos, presionará los precios internos.
Salcedo hizo un llamado tanto al consumidor como al Estado. “El panameño cree en su producto fresco”, afirmó, apostando a la calidad e inocuidad como principal defensa.
No obstante, alertó que se requieren políticas públicas claras, transparentes e igualitarias, para evitar que el mercado se inunde de productos que no cumplan las mismas exigencias sanitarias impuestas al productor nacional.
El cierre de la brecha arancelaria en 2026 obliga a una transformación forzosa del agro panameño. Los sectores de arroz, leche y carne figuran entre los más vulnerables debido a sus altos costos de producción frente a los subsidios del agro estadunidense.