Presidente del Legislativo defiende solicitud de más recursos y estima que la institución requiere entre $160 millones y $250 millones para operar
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Herrera, aseguró que el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2026 no se ajusta a las necesidades ni a los compromisos fijos de la institución, por lo que, pese a las críticas, continuará acudiendo a la Comisión de Presupuesto para solicitar los recursos necesarios que permitan cumplir con las obligaciones del Legislativo, informó el diario Panamá América.
“Este es un presupuesto irreal; el aprobado por esta Comisión no es el funcionamiento verdadero de la Asamblea; se lo dice una persona que viene de las entrañas de los gobiernos locales, fue tesorero y sabe el movimiento financiero que tiene que ver con esto”, afirmó Herrera.
El presidente del Legislativo indicó que mientras no exista un verdadero equilibrio presupuestario, tanto él como quienes lo sucedan en el cargo tendrán que recurrir a traslados de partidas para garantizar el funcionamiento de la institución. Según explicó, el presupuesto que realmente requiere la Asamblea se ubicaría entre los $160 millones y $250 millones.
A su juicio, ese monto no representa ni el 10% del presupuesto general del Estado y estaría justificado por el rol del Legislativo como espacio donde se discuten y aprueban las leyes del país.
Herrera detalló que aún están pendientes compromisos relacionados con el pago de servicios básicos como agua, aseo, electricidad, telefonía e internet, así como la anualización de la planilla del personal fijo, el pago del décimo tercer mes y las contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS).
También mencionó la necesidad de invertir en equipos tecnológicos, sistemas de audio y video y otros insumos que, según dijo, no fueron contemplados en el presupuesto aprobado para la institución.
El presidente de la Asamblea destacó además que su administración logró en diciembre pasado una reducción de $21 millones y aseguró que su gestión ha sido una de las más productivas, con la aprobación de más de 60 proyectos de ley en tercer debate, pese a que el inicio del año estuvo marcado por tensiones internas.