PPC afirma que Panamá no había presentado una respuesta a la solicitud de arbitraje de la empresa antes de la fecha límite del pasado viernes
Una filial del conglomerado de Hong Kong CK Hutchison Holdings ha acusado a Panamá de incumplir el plazo de un arbitraje internacional iniciado por la empresa, al tiempo que confirmaba que sus oficinas habían sido blanco de una redada previamente por parte de supuestas “fuerzas de seguridad armadas”, informó este martes el diario hongkonés South China Morning Post.
Panama Ports Company (PPC) acusó también el martes a las autoridades de silenciar a la prensa del país y de ignorar el Estado de derecho, al tiempo que seguía describiendo a Panamá como un riesgo para los inversores extranjeros tras la incautación de sus dos terminales.
La empresa, filial del conglomerado propiedad de la familia del magnate de Hong Kong Li Ka-shing, reclama $2,000 millones en concepto de daños y perjuicios por lo que calificó de “toma ilegal” de sus terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero.
En un comunicado, PPC afirmó que Panamá no había presentado una respuesta a la solicitud de arbitraje de la empresa antes de la fecha límite del pasado viernes, fijada por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
PPC alegó que el gobierno había afirmado que “no estaba preparado” y que no podría presentar una respuesta a tiempo porque no había contratado a ningún abogado, “no estaba familiarizado con la controversia” y necesitaba tiempo para elaborar un plan.
También acusó a las autoridades panameñas de no haber dado seguimiento a los intentos de la empresa y sus inversores por encontrar una solución al asunto.
“Un Estado que respeta a los inversores extranjeros no hace caso omiso de las consultas y los procedimientos internacionales de resolución de controversias”, señaló.
Las autoridades panameñas tomaron el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero, tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del país que declaró inconstitucional la ley con la que se aprobó la concesión de la que disfrutaba PPC.
PPC ha gestionado las instalaciones desde 1997 en virtud de una concesión de 25 años, renovada en el 2021.
Días después de la toma de control de los puertos, las autoridades panameñas también habrían realizado una redada en las oficinas de la empresa, incautando cajas de documentos.
PPC confirmó este martes que las autoridades habían registrado lo que describió como un “almacén de documentos privados”, alegando que “fuerzas de seguridad armadas” se habían presentado sin previo aviso y se habían llevado archivos corporativos.
La empresa también insinuó que el gobierno había “dado instrucciones a la prensa nacional para silenciar” sus comunicaciones, aunque no aportó pruebas que respaldaran esta afirmación.
“Panamá ha seguido haciendo caso omiso del Estado de derecho”, afirmó la empresa. “Un Estado que respeta a los inversores extranjeros no incauta indebidamente sus documentos ni pisotea las garantías procesales”.
El Canal, por el que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, se convirtió en un punto álgido geopolítico después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera que “recuperaría” el control de la vía navegable, a la que acusó de estar bajo la influencia de Pekín.
La disputa portuaria también coincidió con un intento independiente de CK Hutchison de vender más de 40 puertos en todo el mundo en una operación multimillonaria con un consorcio liderado por la gestora de activos estadunidense BlackRock y MSC.
Las autoridades reguladoras chinas indicaron que examinarían minuciosamente la transacción, y los informes señalaban que Pekín buscaba un papel más destacado para el gigante naviero estatal Cosco en cualquier acuerdo relacionado con las terminales de Panamá.
Sin dar ninguna razón, Cosco anunció la semana pasada que suspendería sus operaciones en el puerto de Balboa, lo que llevó a las autoridades panameñas a instar públicamente al gigante naviero a reconsiderar su decisión.