La Ley de Amnistía promulgada tras el secuestro de Maduro, ha liberado a presos civiles pero excluye a 80% de la población carcelaria política
El flujo de excarcelaciones que despertó una esperanza de reconciliación nacional tras el secuestro del dictador Nicolás Maduro en enero y la posterior promulgación de la Ley de Amnistía de 2026, ha experimentado un estancamiento al cierre del primer trimestre del año, informó el diario El Nacional.
Diversas fuentes del sector militar y organizaciones de derechos humanos coinciden en que este frenazo judicial no es casual, sino que responde a que la mayoría de los presos políticos pertenecen al estamento militar y a su entorno familiar, sectores que han sido excluidos de los beneficios de libertad.
Los uniformados y sus parientes representan 80,11% de la población carcelaria política.
La amnistía se ha convertido en un mecanismo de alivio para presos civiles, pero en una pared de cristal para quienes el Estado procesó bajo cargos de rebelión, conspiración o traición a la Patria.
Detrás de esa cifra se extiende una política sostenida de más de una década de persecución judicial, uso de tribunales militares y de terrorismo, torturas documentadas y un sistema cada vez más visible de castigo y encarcelamiento a los familiares de los oficiales como mecanismo de presión, conocido como el patrón Sippenhaft.
Antes de la Ley de Amnistía, la lista pública de militares presos era de 195 personas. A pesar de que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aseguró que 31 militares se beneficiaron de una libertad condicional concedida el 28 de febrero del 2026, actualmente todavía existen 188 uniformados en diferentes cárceles, según Foro Penal.
De los 31 liberados, solo se han podido identificar plenamente por nombre y rango a la capitán Rocío Fernández y al teniente de Corbeta Jesús Sifontes, debido a la opacidad procesal del sistema de justicia.
Aunque el conflicto es nacional, la presión punitiva del Estado mantiene un enfoque desproporcionado sobe los uniformados de la FAN en comparación con otros sectores de la sociedad civil.
El sector militar representa una parte crítica de la población penitenciaria por motivos políticos y constituye el 37,37% de un total de 503 presos constatados. A eso se suman unos 215 (42,74%) civiles detenidos por su vínculo consanguíneo o de afinidad con estos oficiales, lo que consolida una realidad: La paralización de las liberaciones responde a una estrategia de control institucional sobre la Fuerza Armada Nacional.
Sin la cabeza del viejo régimen, la arquitectura represiva que convirtió a esos militares en rehenes sigue en pie.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero del 2026 y presentada como un cierre del ciclo represivo chavista, revisa teóricamente 27 años (1999‑2026), pero se limita a 13 episodios concentrados en solo 14 de esos años -golpe del 2002, paro petrolero, protestas de 2013, 2017 y 2024, entre otros- dejando fuera a casi todos los procesos ligados a operaciones militares.
El artículo 9 excluye a acusados de violaciones de derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción, crímenes de guerra y, de forma amplia, a quienes hayan promovido o participado en “acciones armadas o de fuerza”, la fórmula bajo la cual se ha procesado a la mayoría de los oficiales presos.
Desde el 2014, el chavismo ha encarcelado, procesado o sometido a medidas cautelares a centenares de militares acusados de conspirar, desobedecer órdenes o filtrar información, en paralelo al auge de las protestas y las fracturas internas dentro de la FAN.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y organizaciones como Foro Penal han documentado un patrón que se repite: Detenciones arbitrarias, desapariciones breves, incomunicación prolongada, torturas para obtener confesiones, juicios sin garantías y uso sistemático de tribunales militares para castigar la disidencia dentro de la FAN. No se trata de episodios aislados, sino de una política de control interno, de acuerdo con diferentes fuentes consultadas.
Para la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, el régimen “no quiere tener libres a militares institucionales, militares que hayan hecho carrera con tropas y aquellos que tengan respeto dentro de la tropa porque no les interesa que quienes son respetados dentro de la institución estén libres”.
Eso responde a un sistema de contención de la FAN que implica encarcelar, por un lado, a “individuos valiosos”, incluso si no están directamente relacionados con operaciones específicas de rebelión.
Las fuentes consultadas coinciden en que existe un “patrón sistemático destinado a perpetuar la sumisión de los militares”, no solo con la cárcel, sino con una sucesión de mecanismos diseñados para impedir su salida definitiva. Además de la detención, son enjuiciados por los mismos delitos, el traslado a otros centros, las desapariciones breves y la implicación en nuevos expedientes posteriores a su detención, incluso en casos que poco o nada tienen que ver con ellos.
Todo ello configura, en la práctica, un ciclo casi eterno que mantiene a buena parte de estos oficiales atrapados en procesos abiertos, impidiendo su liberación plena y reforzando, desde adentro, la obediencia de la FAN al régimen.