El anuncio se produce semanas después de que el gobierno panameño ejecutara la toma de las dos terminales
La concesionaria Panama Ports Company (PPC) anunció el inicio de un arbitraje internacional contra la naviera danesa Maersk, tras los cambios operativos ejecutados por el gobierno hace dos meses.
En un comunicado emitido este martes PPC -filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings- informó que el proceso se basa en un contrato de largo plazo que, según la concesionaria, garantizaba el uso exclusivo de las terminales portuarias que operaba en Panamá, así como acceso a infraestructura e información operativa.
La compañía sostiene que Maersk “socavó” ese acuerdo al alinearse con el Estado panameño en la transición hacia nuevos operadores.
El anuncio se produce semanas después de que el gobierno panameño ejecutara la toma de las terminales de Balboa y Cristóbal, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato que regía la concesión portuaria. Esa medida fue formalizada mediante un decreto de ocupación con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y preservar los empleos.
Como parte de esa transición, el Estado panameño designó operadores interinos vinculados a actores globales del sector marítimo.
En el caso del Pacífico, la terminal de Balboa quedó bajo la administración de APM Terminals, subsidiaria de Maersk, mientras que en el Atlántico se designó a Terminal Investment Limited (TIL), asociada al grupo MSC. La decisión se enmarca en un periodo de transición que puede extenderse hasta 18 meses.
PPC argumenta que estas acciones constituyen una violación de sus derechos contractuales y sostiene que Panamá ejecutó “medidas extremas” para expulsarla de las operaciones portuarias. En su comunicado, también señala que el arbitraje contra Maersk se desarrollará en Londres y que es independiente de otras reclamaciones que la empresa prevé presentar contra el Estado panameño.
El caso se suma a un escenario más amplio de disputas legales tras la caída del contrato portuario, incluyendo procesos de arbitraje internacional ya iniciados por la compañía en contra del gobierno.
Hasta ahora, el gobierno ha defendido que sus acciones responden al fallo judicial y que no constituyen una expropiación, sino una medida para asegurar la continuidad del servicio portuario.
A mediados de febrero APM Terminals afirmó que no forma parte de los procesos legales en curso relacionados con la concesión de PPC y que no participa en decisiones sobre la estructura o administración futura de las terminales de Balboa y Cristóbal, en respuesta al pronunciamiento previo de CK Hutchison Holdings sobre posibles acciones legales.