Se mantendrá vigilante para asegurar que el ejercicio de la función pública se ciña estrictamente a las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) expresó su “rechazo categórico” ante los actos que vulneran la separación de poderes y la institucionalidad jurídica del país.
“El MAG se mantendrá vigilante y alerta permanente para asegurar que el ejercicio de la función pública se ciña estrictamente a las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente”, advirtió Jewekk R. Willcok, vicepresidente al MAG.
Al mismo tiempo hizo un recuento de los hechos ocurridos en las instalaciones del Ministerio Público.
PRIMERO: Censuramos enérgicamente las recientes actuaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes han intervenido de manera indebida en diligencias de práctica de pruebas dentro de las Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público como titular constitucional de la acción penal, goza de una autonomía que no puede ser supeditada a las directrices de un órgano administrativo.
SEGUNDO: Advertimos que la participación de funcionarios de la Contraloría en autos de investigación penales -sin contar con la facultad legal ni la citación correspondiente- constituye una grave extralimitación de funciones. La labor de fiscalización debe limitarse a su ámbito de competencia y no puede pretender usurpar la dirección técnica de las investigaciones judiciales.
TERCERO: La separación de funciones es el cimiento de nuestra democracia. Cualquier interferencia de una autoridad en las competencias de otra erosiona nuestra seguridad jurídica, compromete la validez de las pruebas recolectadas y pone en riesgo la integridad del debido proceso. Esas prácticas sientan precedentes peligrosos para la administración de justicia.
CUARTO: Exigimos el cese inmediato de cualquier forma de injerencia y exhortamos a las autoridades a respetar la autonomía institucional del Ministerio Público. El cumplimiento de la Ley y la Constitución no es facultativo, es un deber imperativo de todo servidor público.