El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo avisa de una subida hasta el 41% de la tasa de pobreza en el país
Las primeras evaluaciones de las autoridades iraníes sobre las consecuencias de las seis semanas de bombardeos israelíes y estadounidenses sobre su territorio, incluida la destrucción de infraestructura energética y civil -de refinerías a centrales eléctricas pasando por puentes y aeropuertos-, arrojan ya un diagnóstico desolador para el país.
El propio Banco Central de Irán advertía esta semana al Gobierno que la recuperación de la guerra podría necesitar al menos 12 años y que la inflación podría alcanzar hasta el 180%, según fuentes cercanas a la institución central consultadas por el digital opositor Iran International, para un país que ya comenzó el 2026 en una delicada situación macro y microeconómica.
En un informe de finales del mes pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) preveía que la guerra elevaría hasta el 41% la tasa de pobreza para una población de más de 93 millones de almas. Lo peor está por venir.
No en vano, la inflación continuada, producto tanto de la mala gestión gubernamental como de las sanciones occidentales contra la economía iraní, había provocado en los últimos meses un malestar que cristalizaba en una serie de huelgas protagonizadas por comerciantes del Gran Bazar de Teherán en el cambio de año.
La indignación acababa por convertir unas protestas de tenor económico en una impugnación general de la República Islámica en forma de masivas manifestaciones. Solo la represión violenta de las fuerzas del régimen -que dejaban miles de muertos y heridos- permitiría sofocar una revuelta apenas semanas antes del inicio de la guerra.
En consecuencia, el castigo sufrido, el aislamiento del régimen y el mantenimiento de las sanciones internacionales forman un cóctel general que augura un deterioro aún mayor para la vida de las familias iraníes.
Para la población han sido siete semanas de miedo -entreverado con la esperanza de que la actual crisis del régimen pudiera dar lugar a un cambio político-, pero también de escasez de ciertos productos en los supermercados, cortes de luz e Internet y precios al alza -las estadísticas oficiales daban cuenta de que los precios habían aumentado en marzo un 71,8% respecto al mismo período el año anterior- empezando por los de la cesta básica de la compra. Y de despidos masivos tanto en el sector público como en el privado como consecuencia del frenazo de la actividad económica que podrían no haber hecho sino empezar.
No en vano, según las proyecciones del Banco Central citadas por Irán International dos millones de personas podrían perder sus puestos de trabajo en los próximos meses.
Sin duda, uno de los ámbitos más castigados es el industrial, con sectores como el petroquímico prácticamente sin actividad como consecuencia de la falta de llegada de materias primas tras los daños sufridos por las infraestructuras.
No menos dañado ha resultado el sector financiero, que impide a miles de familias poder acceder al dinero. La capital y corazón económico del país ha sufrido además las consecuencias del éxodo masivo de población desde el inicio de los bombardeos israelíes y estadounidenses, lo que se ha traducido, entre otras cosas, en el cierre de numerosos negocios. La situación no es precisamente mejor en el medio rural, con menos posibilidades de acceso a ciertos productos y servicios y salarios más bajos.
El apagón de Internet decretado por las autoridades iraníes desde el inicio de la contienda hace imposible conocer cómo trascurre la vida cotidiana para la mayoría, aunque vías alternativas como Starlink -un servicio de comunicación por satélite no autorizado por el régimen- han permitido a la diáspora iraní -siempre atenta a las noticias de sus familiares en el país- y el resto del mundo conocer las penurias de la población en estos momentos de sufrimiento e incertidumbre.