“Es imperativo recordar que el uso de los bienes, fondos y recursos del Estado en política es un delito electoral, sancionado con pena de prisión”, señala
A la vez que reconoce el derecho ciudadano a ser electo en un cargo de elección popular, la Fiscalía Electoral señala que “su ejercicio debe realizarse con apego a la normativa jurídica existente” que dispone que la formalización de campañas depende de “la existencia de tiempos” para la formalización de candidaturas, sea por la vía partidista o la libre postulación.
“Además, es imperativo recordar que el uso de los bienes, fondos y recursos del Estado en política es un delito electoral, sancionado con pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y la suspensión de los derechos políticos y ciudadanos”, señaló la Fiscalía General Electoral a través de un comunicado.
El pronunciamiento se produce por las recientes publicaciones en medios de plataformas digitales, relacionadas con posibles aspiraciones políticas de funcionarios públicos en el interior del país.
La Fiscalía General Electoral reconoce que el derecho a ser electo en un cargo de elección popular es un derecho inalienable del ciudadano, tal y como lo reconoce la Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por la República de Panamá.
“Sin embargo, su ejercicio debe realizarse con apego a la normativa jurídica existente, que entre otras cosas dispone, la existencia de tiempos para campaña y para formalización de candidaturas, sea por la vía partidista o la libre postulación”, señala el comunicado.