El gremio panameño denuncia una violación al Estado de Derecho y expresa su respaldo a los profesionales afectados por las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega
El Movimiento de Abogados Gremialistas (M.A.G.) de Panamá emitió este domingo una resolución en la que expresa su más enérgico rechazo a la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar las licencias e idoneidades profesionales de numerosos abogados de ese país, calificando la medida como un atentado contra el Estado de Derecho, el debido proceso y la independencia del ejercicio de la profesión jurídica.
En el documento, aprobado en la ciudad de Panamá, la organización sostiene que el ejercicio de la abogacía constituye un pilar esencial para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos fundamentales. En ese sentido, advierte que la revocación de las licencias, presuntamente realizada sin un procedimiento disciplinario previo, representa una grave afectación a las garantías procesales y a la libertad del ejercicio profesional.
El M.A.G. señala además que la decisión del gobierno presidido por Daniel Ortega no solo perjudica a los abogados afectados, sino también a miles de ciudadanos nicaragüenses que podrían quedar sin representación legal en procesos judiciales, comprometiendo así el derecho a la defensa y el acceso efectivo a la justicia.
Con más de 47 años de trayectoria gremial, la organización panameña manifestó su solidaridad con los profesionales del derecho de Nicaragua y reafirmó su respaldo a quienes continúan defendiendo los derechos humanos y la institucionalidad jurídica en ese país.
La resolución también exhorta a la comunidad jurídica internacional, a los organismos defensores de derechos humanos y a los colegios y asociaciones de abogados de la región a pronunciarse frente a estos hechos y brindar apoyo a los juristas nicaragüenses afectados por la medida.
Finalmente, el Movimiento de Abogados Gremialistas acordó remitir la resolución a las autoridades competentes, a los medios de comunicación y a organizaciones gremiales afines, con el propósito de generar una respuesta regional en defensa de la independencia de la profesión legal y de los principios democráticos. La resolución fue suscrita por su presidente, Raúl E. Rodríguez Araúz, y lleva fecha del 12 de julio de 2026.
