La propuesta del Gobierno de extender la aplicación del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a determinadas compras y servicios digitales ha abierto un intenso debate entre consumidores, comerciantes, plataformas tecnológicas y sectores económicos del país
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca actualizar el Código Fiscal para incluir operaciones de la economía digital que actualmente no están sujetas al mismo tratamiento tributario que los negocios tradicionales. Según explicó el ministro Felipe Chapman, la iniciativa no crea un impuesto nuevo, sino que busca aplicar las reglas existentes a actividades económicas que han evolucionado con la tecnología.
La propuesta contempla que servicios y plataformas digitales utilizadas en Panamá, incluyendo compras por internet, servicios de transporte, entretenimiento en línea y alquileres vacacionales, queden sujetos al ITBMS del 7 % cuando el proveedor opere desde el extranjero y el consumidor se encuentre en territorio panameño.
Para el Gobierno, la medida responde a una realidad cada vez más evidente
Mientras los comercios locales deben recaudar y pagar impuestos sobre sus operaciones, muchas transacciones digitales internacionales quedan fuera del alcance del sistema tributario nacional. El MEF sostiene que esto genera una competencia desigual que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas que sí cumplen con las obligaciones fiscales vigentes.
La iniciativa también está vinculada a la propuesta de eliminar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas de hasta $120,000. De acuerdo con el Ejecutivo, la Constitución obliga a establecer una fuente de ingresos que compense la reducción de la recaudación que provocaría esa exoneración, razón por la cual se plantea una renta sustitutiva basada en operaciones digitales.
Las estimaciones oficiales apuntan a que la medida podría generar alrededor de $100 millones anuales para las finanzas públicas. El ministro Chapman ha señalado que esos recursos permitirían fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado sin incrementar la tasa general del impuesto existente.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos sectores advierten que, aunque el impuesto recaiga formalmente sobre las plataformas o proveedores de servicios, el costo podría terminar trasladándose al consumidor final. Esto significaría que los usuarios pagarían más por servicios de streaming, aplicaciones de movilidad, compras realizadas en plataformas internacionales y otras operaciones digitales cotidianas.
Otro de los puntos que genera discusión
Es el impacto sobre el turismo digital. La propuesta plantea que los alquileres vacacionales comercializados a través de plataformas tecnológicas puedan estar sujetos a cargas tributarias similares a las que actualmente enfrentan los hoteles, bajo el argumento de que ambos ofrecen servicios comparables y deben competir bajo reglas semejantes.
De ser aprobada por la Asamblea Nacional, Panamá se sumaría a la tendencia observada en diversos países de América Latina y otras regiones, donde los gobiernos han comenzado a adaptar sus sistemas tributarios a una economía cada vez más digitalizada. El desafío será encontrar un equilibrio entre la modernización fiscal, la competitividad empresarial y la protección del bolsillo de los consumidores.
Mientras el debate apenas comienza, una pregunta sigue sobre la mesa: ¿se trata de una actualización necesaria para cerrar vacíos legales o de un nuevo costo que terminarán asumiendo los panameños cada vez que hagan una compra en línea?