CK Hutchison lleva nuevamente a Panamá ante un arbitraje internacional y reclama más de $1,500 millones por la terminación de las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal. La disputa, que ya acumula otros reclamos millonarios, vuelve a poner bajo presión la seguridad jurídica de las inversiones y el estratégico negocio portuario del país
La batalla por los puertos de Balboa y Cristóbal acaba de subir varios escalones. Lo que comenzó como una disputa por la vigencia de una concesión terminó convirtiéndose en un pleito internacional que ahora tiene sobre la mesa una cifra que supera los $1,500 millones.
Este jueves, CK Hutchison Holdings, conglomerado hongkonés propietario de Panama Ports Company (PPC), anunció el inicio de un nuevo arbitraje internacional contra la República de Panamá. La empresa sostiene que una serie de decisiones adoptadas por el Estado entre 2025 y 2026 terminó destruyendo sus derechos sobre las concesiones portuarias y provocó la toma de control de las terminales.
La cifra reclamada no es menor: más de $1,500 millones en daños por lo que CK Hutchison considera una violación de las garantías establecidas en un tratado de protección de inversiones. Reuters confirmó que la compañía sostiene que las medidas panameñas terminaron con sus inversiones en ambos puertos.
Una historia que viene de lejos
Para entender la magnitud del conflicto hay que retroceder casi tres décadas. Panama Ports Company comenzó a operar los terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, en 1997. Desde entonces, ambas instalaciones se convirtieron en piezas fundamentales del engranaje logístico que rodea al Canal de Panamá.
Pero en enero de este año la historia dio un giro decisivo. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión, decisión que abrió el camino para el posterior control estatal de las instalaciones.
El 23 de febrero, el Estado tomó el control administrativo y operativo de las terminales. CK Hutchison denunció entonces que sus representantes fueron excluidos de los puertos y que el Gobierno asumió el control de activos, personal y operaciones.
Desde aquel momento, los puertos dejaron de ser solamente un asunto comercial. Se convirtieron en una pieza de un tablero mucho más grande.
Entre el canal y la geopolítica
La controversia por Balboa y Cristóbal se desarrolló en paralelo con las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia alrededor del Canal de Panamá.
Reuters señala que el expresidente estadounidense Donald Trump cuestionó públicamente el control chino sobre puertos vinculados al Canal, mientras Panamá avanzaba hacia la terminación de las concesiones de CK Hutchison.
El asunto también complicó una operación empresarial de enorme dimensión: CK Hutchison había acordado vender buena parte de sus activos portuarios globales por aproximadamente $23,000 millones a un consorcio encabezado por BlackRock y MSC. Los puertos panameños quedaron atrapados en medio de las tensiones geopolíticas y regulatorias que rodearon esa transacción.
No es el primer arbitraje
Y aquí está uno de los puntos más importantes de esta nueva batalla. El arbitraje anunciado ahora por CK Hutchison no es el mismo proceso que ya había iniciado Panama Ports Company contra Panamá.
La filial panameña presentó en febrero un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), basado en el contrato de concesión. Posteriormente, PPC amplió sus reclamaciones y ha señalado que busca al menos $2,000 millones en daños.
Ahora CK Hutchison abre un segundo frente, esta vez invocando los derechos derivados de un tratado de protección de inversiones. En otras palabras: Panamá enfrenta más de una reclamación relacionada con el mismo conflicto portuario.
¿Y qué dice Panamá?
Hasta el momento de esta publicación, el Gobierno panameño no había emitido una respuesta pública específica al nuevo reclamo de más de $1,500 millones. Reuters señaló que Panamá no había respondido públicamente a las nuevas acciones legales anunciadas por CK Hutchison.
Mientras tanto, el conglomerado hongkonés mantiene su posición: considera que las actuaciones del Estado violaron sus derechos como inversionista y que la terminación de las concesiones ocasionó la pérdida de sus inversiones.
La empresa ya había advertido desde febrero que recurriría a mecanismos legales nacionales e internacionales para defender sus intereses.
Una cuenta que todavía puede crecer
El nuevo reclamo coloca nuevamente a Panamá ante un escenario complejo. No solamente está en juego una disputa empresarial por dos terminales portuarias. También están sobre la mesa la seguridad jurídica de las concesiones, la inversión extranjera, la operación logística del Canal y las consecuencias económicas de las decisiones tomadas por el Estado.
Y la cuenta judicial podría no terminar en los $1,500 millones anunciados este jueves.
Porque mientras CK Hutchison reclama por la vía del tratado de inversiones, Panama Ports Company mantiene su propio proceso arbitral, con una reclamación que ya supera los $2,000 millones, según la propia empresa.
Así, los puertos que durante años fueron una imagen del movimiento comercial de Panamá ahora son también el escenario de una batalla jurídica de miles de millones de dólares.
Balboa y Cristóbal siguen moviendo contenedores. Pero ahora también están moviendo una disputa que podría terminar costándole muy caro al Estado panameño.