El Ejecutivo decidió frenar, por ahora, el proyecto que buscaba ampliar la aplicación del ITBMS a determinadas operaciones de la economía digital. La iniciativa, presentada como una actualización de las reglas tributarias, provocó una rápida reacción ciudadana y abrió un debate sobre quién debe pagar impuestos en la nueva economía
Durante unos días, una pregunta comenzó a recorrer Panamá con la velocidad de aquello que sucede en internet: ¿cuánto más costará comprar, contratar o consumir servicios digitales?
La respuesta del Gobierno llegó este lunes, al menos por ahora: el proyecto que pretendía ampliar la aplicación del ITBMS a determinadas operaciones de la economía digital quedó congelado antes de avanzar hacia la Asamblea Nacional.
La iniciativa había sido presentada como una adaptación de las normas tributarias a una economía que cambió más rápido que las leyes. Pero, en cuestión de horas, dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una discusión sobre el bolsillo de los consumidores.
Y ahí estuvo el problema.
Una reforma que llegó directamente al bolsillo
Para el Gobierno, la lógica era relativamente sencilla: si una empresa que opera físicamente en Panamá cobra ITBMS por determinados bienes y servicios, una plataforma extranjera que ofrece servicios similares a consumidores panameños debería enfrentar reglas semejantes.
El Ministerio de Economía y Finanzas había defendido la propuesta como una manera de actualizar el sistema tributario frente al crecimiento del comercio electrónico y los servicios digitales.
Pero para el consumidor la explicación tenía otra traducción. Más impuestos podía significar pagar más.
La conversación comenzó a girar entonces alrededor de las compras por internet, las plataformas digitales, las suscripciones y otros servicios contratados desde Panamá a empresas ubicadas en el extranjero.
Una reforma diseñada en los escritorios del Gobierno terminó convertida en una discusión doméstica: cuánto costará la próxima compra.
El mundo digital ya cambió las reglas
El debate, sin embargo, toca un problema que va mucho más allá de este proyecto. La economía digital ha hecho que las fronteras tributarias sean cada vez menos visibles.
Un consumidor puede estar sentado en Panamá, comprar un producto en Estados Unidos, pagar con una tarjeta emitida en Panamá y recibirlo días después. También puede contratar una plataforma de entretenimiento, almacenamiento digital, software o cualquier otro servicio prestado desde otro país.
La transacción ocurre en segundos. La legislación, en cambio, tiene que decidir dónde ocurrió realmente la operación. Ese es el desafío que el Gobierno intenta resolver.
El proyecto buscaba establecer criterios para determinar cuándo un bien o servicio digital podía considerarse utilizado o consumido en Panamá. Entre los elementos contemplados estaban la dirección de facturación, la ubicación del instrumento de pago, la dirección IP y otros indicadores de localización del usuario.
Sobre el papel, se trataba de modernizar las reglas. En la calle, la discusión terminó siendo mucho más sencilla: ¿me van a cobrar más?
El rechazo cambió el escenario
La reacción ciudadana obligó al Ejecutivo a recalcular. El Gobierno decidió congelar la propuesta, evitando por ahora que la discusión llegara a la Asamblea Nacional, donde cualquier reforma tributaria puede adquirir una dimensión política mucho mayor.
La decisión también refleja una realidad que el Ejecutivo no puede ignorar: en un país donde las compras digitales forman parte de la vida cotidiana, cualquier modificación que pueda traducirse en un aumento de costos genera una reacción inmediata.
El proyecto quedó atrapado entre dos argumentos. Por un lado, quienes consideran necesario que las plataformas digitales extranjeras compitan bajo condiciones tributarias similares a las empresas locales.
Por otro, quienes consideran que aumentar la carga tributaria sobre las compras digitales terminaría trasladando el costo directamente al consumidor.
Ambas posiciones tienen un punto de encuentro: nadie discute que la economía digital necesita reglas más claras. La discusión es cuáles deben ser esas reglas.
El problema no desapareció
La pausa del proyecto no elimina el desafío que lo originó. El comercio electrónico seguirá creciendo. Las plataformas internacionales continuarán vendiendo a consumidores panameños. Y los negocios establecidos en el país seguirán preguntándose por qué ellos deben asumir determinadas obligaciones tributarias mientras algunos competidores digitales operan desde el extranjero.
Ese desequilibrio es uno de los argumentos más fuertes del Gobierno.
Pero también existe otra pregunta que exige respuesta: ¿cuánto terminará pagando realmente el consumidor y cómo se utilizarán los recursos adicionales que eventualmente genere una reforma?.
En materia tributaria, la confianza también se recauda. Y cuando esa confianza no existe, incluso una reforma técnicamente defendible puede convertirse en un problema político.
Una pausa, no necesariamente un adiós
El episodio deja abierta una posibilidad. El Gobierno puede abandonar definitivamente la propuesta. O puede regresar con un proyecto diferente: más específico, mejor explicado y con mayores mecanismos para evitar que el consumidor termine cargando con costos que no esperaba.
Por ahora, la reforma está detenida. Pero el problema permanece.
Panamá tendrá que decidir, tarde o temprano, cómo gravar una economía en la que una empresa puede vender millones de dólares desde otro continente sin tener una tienda, una oficina o un empleado en el país.
Esa discusión apenas comienza. Porque internet no conoce fronteras. Los impuestos, en cambio, todavía dependen de ellas. Y esa contradicción será cada vez más difícil de ignorar.