El Ejecutivo puso en pausa el proyecto que buscaba extender el cobro del 7% a determinadas compras y servicios contratados a través de plataformas digitales. La iniciativa ni siquiera llegó a la Asamblea Nacional. Ahora el Gobierno deberá decidir cómo aumentar la recaudación y combatir la evasión sin trasladar más presión al consumidor
El Gobierno de José Raúl Mulino frenó, al menos por ahora, uno de los componentes más sensibles de su agenda de reforma tributaria: la extensión del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a determinadas operaciones de la economía digital.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó el lunes 24 de agosto que el Ejecutivo no tiene previsto presentar el proyecto a la Asamblea Nacional a corto plazo, después de escuchar durante el fin de semana las críticas y opiniones generadas por la propuesta.
La decisión representa un giro en apenas unos días. El 18 de agosto, el Consejo de Gabinete había aprobado el proyecto de ley 30-26 para actualizar las reglas tributarias aplicables a determinadas operaciones realizadas mediante plataformas, aplicaciones y otros medios digitales.
Pero la iniciativa encontró rápidamente un terreno políticamente incómodo.
De “cerrar un vacío” a enfrentar el rechazo
El Gobierno defendió inicialmente la propuesta bajo un argumento de equidad tributaria: si un consumidor compra un bien o contrata un servicio dentro de Panamá, normalmente paga el 7% de ITBMS; si realiza una operación equivalente mediante una plataforma extranjera, podía existir una diferencia en el tratamiento tributario.
El propio MEF explicó que la propuesta no pretendía crear un impuesto nuevo ni aumentar la tarifa vigente, sino extender la obligación existente a determinadas operaciones digitales prestadas desde el exterior.
En el diseño divulgado por el Gobierno aparecían operaciones vinculadas con plataformas digitales, compras por internet y servicios contratados desde el extranjero. También se mencionaron servicios de alojamiento ofrecidos mediante plataformas como Airbnb.
El argumento oficial era sencillo: dos negocios que ofrecen servicios similares deberían enfrentar reglas tributarias similares, independientemente de que uno opere físicamente en Panamá y el otro lo haga mediante una plataforma digital.
Sin embargo, esa explicación chocó con una preocupación inmediata entre los consumidores: quién terminaría pagando el impuesto.
El 7% que podía llegar al bolsillo
Aunque jurídicamente la obligación estaría dirigida a las empresas que realizan las operaciones gravadas, el mecanismo del ITBMS implica que el impuesto puede trasladarse al consumidor.
Eso significa que, dependiendo de la operación y de cómo se implementara la medida, el precio final de determinados servicios digitales podría aumentar.
Entre los ejemplos que aparecieron en el debate público estuvieron plataformas de streaming, servicios digitales, aplicaciones y compras realizadas mediante empresas internacionales como Amazon o Temu. También surgieron cuestionamientos relacionados con servicios como Netflix, Uber y Airbnb.
El problema político no fue solamente el porcentaje.
Fue la percepción de que el Gobierno estaba buscando nuevas fuentes de ingresos antes de resolver problemas como la evasión fiscal, una crítica que también llegó desde sectores políticos.
El diputado Betserai Richards, por ejemplo, cuestionó que se planteara avanzar sobre las operaciones digitales mientras persiste el debate sobre la evasión tributaria.
El proyecto tenía un propósito fiscal más amplio
Detrás de la discusión sobre Netflix, Amazon, Temu o Airbnb existe un asunto de mayor calado: las cuentas fiscales del Estado.
El proyecto formaba parte de un paquete de cambios tributarios y estaba relacionado con la búsqueda de ingresos que permitieran compensar modificaciones al régimen del ITBI, incluyendo la eliminación de ese impuesto para determinadas primeras viviendas nuevas de hasta $120,000.
El Gobierno ha planteado estas modificaciones dentro de un esfuerzo más amplio por ordenar el sistema tributario y garantizar ingresos para financiar las obligaciones del Estado.
Por eso, el congelamiento del ITBMS digital deja una pregunta abierta: Si esta fuente de ingresos queda fuera de la mesa, ¿de dónde saldrán los recursos que el Gobierno esperaba obtener?
Chapman cambia el paso
La respuesta del ministro Chapman fue inequívoca: el proyecto no había sido presentado ante la Asamblea Nacional y, después de escuchar las opiniones ciudadanas, el Ejecutivo decidió no enviarlo por ahora.
Chapman reconoció además que el Gobierno debe evaluar alternativas para reducir la evasión y aumentar la recaudación, una demanda que calificó como legítima.
El detalle es importante. No se trata de una ley rechazada por la Asamblea ni de una norma que haya sido derogada. El proyecto quedó detenido antes de comenzar formalmente su trámite legislativo.
Esa diferencia evita una interpretación equivocada: el 7% no fue eliminado porque nunca llegó a convertirse en una nueva obligación tributaria.
Una batalla que apenas comienza
La pausa tampoco significa necesariamente que la discusión haya terminado.
El crecimiento de la economía digital plantea un problema que Panamá, como otros países, tendrá que resolver: cómo garantizar que empresas que venden servicios a consumidores panameños contribuyan fiscalmente, aunque no tengan una presencia física tradicional en el país.
El propio MEF sostiene que el objetivo es adaptar las reglas tributarias a nuevas modalidades de producción, comercialización, intermediación y prestación de servicios.
La cuestión será encontrar el equilibrio entre igualdad tributaria, competitividad, recaudación y protección al consumidor.
Panamá no puede ignorar la transformación de la economía digital. Pero tampoco puede asumir que cualquier mecanismo de recaudación será políticamente viable.
La lección política
El episodio deja una señal adicional para el Gobierno de Mulino. Una propuesta aprobada inicialmente por el Consejo de Gabinete terminó congelada pocos días después de hacerse pública, antes de llegar al Órgano Legislativo.
La explicación oficial apunta a la escucha ciudadana. La lectura política es otra: el costo de una medida tributaria puede comenzar a pagarse mucho antes de que se presente un proyecto de ley. La reacción pública obligó al Ejecutivo a recalcular.
Ahora el desafío será mayor: encontrar mecanismos para aumentar los ingresos del Estado y reducir la evasión sin que la respuesta termine convirtiéndose, nuevamente, en un aumento percibido del costo de vida.
Lo que queda pendiente
El Gobierno todavía tiene que responder varias preguntas:
- ¿Cuánto esperaba recaudar con el ITBMS aplicado a la economía digital?
¿Qué operaciones concretas quedarían gravadas si el proyecto vuelve a presentarse?
¿Cuál sería el impacto sobre el consumidor?
¿Qué mecanismos utilizará la DGI para controlar plataformas extranjeras?
¿Qué alternativas plantea el MEF para combatir la evasión?
¿Volverá el proyecto a la agenda tributaria después de las consultas con los sectores involucrados?
Por ahora, una cosa está clara: el impuesto no fue aprobado, no está vigente y el proyecto no ha llegado a la Asamblea Nacional.