El Tribunal Electoral llevó este lunes a la Asamblea Nacional dos proyectos que pretenden modificar las reglas electorales y reconfigurar los circuitos para la elección de diputados.
La propuesta abre una nueva batalla política sobre el financiamiento, las candidaturas independientes, la representación territorial y las condiciones de competencia de cara a las elecciones de 2029
La carrera hacia las elecciones generales de 2029 comenzó a jugarse, este lunes, en uno de los escenarios donde más puede cambiar el resultado: las reglas del sistema electoral.
Los tres magistrados del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, acudieron a la Asamblea Nacional para entregar formalmente dos proyectos de ley. Uno plantea modificaciones al Código Electoral y el segundo propone una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados.
La presentación no es un trámite menor. Lo que ahora llega al Palacio Justo Arosemena puede determinar buena parte de las condiciones bajo las cuales partidos políticos, candidatos independientes y aspirantes a diputados competirán dentro de tres años.
Y, por eso, el debate apenas comienza.
Una reforma que toca las reglas del juego
El paquete electoral es producto del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y contiene modificaciones que abarcan diferentes aspectos del sistema.
Entre los asuntos discutidos durante el proceso aparecen el financiamiento político y preelectoral, la fiscalización de los gastos de campaña, la depuración del padrón electoral, las candidaturas por libre postulación y las reglas de votación en circuitos plurinominales.
El Tribunal Electoral ha planteado que algunas de estas modificaciones buscan fortalecer los controles y hacer más transparente el proceso electoral. Sin embargo, cada cambio también tiene un efecto político.
Una modificación en la manera de financiar una campaña puede favorecer o limitar determinadas candidaturas. Un cambio en el sistema de votación puede alterar las posibilidades de obtener una curul. Y una nueva distribución territorial puede modificar el peso electoral de determinadas zonas del país.
Por eso, el contenido de la reforma será observado con lupa por las fuerzas políticas.
El mapa de los diputados también cambia
El segundo proyecto tiene un componente particularmente sensible: la reconfiguración de los circuitos electorales.
La propuesta busca adecuar la distribución de los circuitos a la realidad territorial y poblacional del país, tomando en cuenta factores como la división político-administrativa, la concentración de población, la proximidad territorial, las vías de comunicación y elementos históricos y culturales.
Uno de los cambios más visibles está relacionado con Panamá Oeste, cuya numeración debe ajustarse ahora como provincia independiente. La propuesta contempla los circuitos 13-1 para Arraiján, 13-2 para Capira, 13-3 para Chame y San Carlos, y 13-4 para La Chorrera. El asunto va más allá de cambiar números.
La distribución de las curules determina cuánto peso político tendrá cada territorio dentro de la Asamblea Nacional. Por eso, cualquier modificación en los circuitos puede convertirse rápidamente en una disputa entre quienes consideran que la representación debe responder al crecimiento poblacional y quienes temen perder espacios de poder.
La libre postulación, otro punto de tensión
Uno de los temas que promete mayor discusión es el futuro de las candidaturas independientes.
Las reformas discutidas durante el proceso de la CNRE han generado preocupación entre sectores vinculados a la libre postulación, particularmente por cambios que podrían dificultar las posibilidades de los independientes de conquistar escaños en 2029.
De hecho, la coalición Vamos decidió avanzar hacia su transformación en partido político precisamente en medio de este debate, argumentando que las modificaciones propuestas podrían reducir las posibilidades de los independientes de competir por curules.
Ese movimiento tiene una lectura política evidente: las reglas que finalmente apruebe la Asamblea podrían influir directamente en la estrategia que adopten los grupos que participaron en las elecciones de 2024 al margen de los partidos tradicionales.
La Asamblea tendrá la última palabra
Ahora el debate pasa al Legislativo. Los proyectos deberán recorrer el procedimiento correspondiente dentro de la Asamblea Nacional, donde los diputados podrán discutir, modificar y eventualmente introducir cambios al texto presentado por el Tribunal Electoral.
Ese proceso podría convertirse en un pulso institucional. El Tribunal Electoral llega con una propuesta construida después de meses de discusión técnica y política en la CNRE, mientras que los diputados tendrán la posibilidad de revisar cada disposición y defender los intereses de sus respectivas fuerzas políticas.
La experiencia demuestra que las reformas electorales suelen convertirse en uno de los debates más delicados del período legislativo, precisamente porque quienes deben aprobar las reglas también son actores directos del sistema que esas reglas regulan.
La pregunta que queda sobre la mesa
El debate de fondo no será solamente qué dice la reforma, sino a quién beneficia y a quién perjudica cada cambio.
¿Tendrán los independientes las mismas posibilidades de competir? ¿Cómo quedará distribuido el poder territorial en la Asamblea? ¿Qué controles habrá sobre el dinero de las campañas? ¿Se fortalecerá la transparencia electoral? ¿Y hasta qué punto las modificaciones permitirán una competencia más equilibrada entre partidos y candidatos?
Las respuestas comenzarán a definirse en los próximos meses.
Lo que está en juego es más que una modificación legislativa: es el diseño del escenario político en el que Panamá elegirá a su próximo presidente y a los 71 diputados de la Asamblea Nacional en 2029.
La batalla electoral, aunque todavía parece lejana, ya comenzó. Y esta vez empezó por las reglas.