La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses rechaza el proyecto, cuestiona el proceso de reasentamiento y exige nuevas alternativas para garantizar el agua
La llegada de Ila Espino de Marotta a la administración del Canal de Panamá encuentra sobre la mesa uno de los temas más sensibles para las comunidades de la cuenca: el proyecto de Río Indio.
En un pronunciamiento divulgado tras la toma de posesión de la nueva administradora, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses reiteró su rechazo al eventual embalse y lanzó fuertes cuestionamientos contra la forma en que, según afirma, la ACP ha manejado el proyecto.
La organización sostiene que la nueva administración mantiene una política enfocada en garantizar las necesidades del Canal y de los sectores económicos vinculados al comercio marítimo, mientras —según su posición— se deja en segundo plano el impacto sobre las comunidades campesinas.
Cuestionan respaldo al reasentamiento
Uno de los principales señalamientos está relacionado con el supuesto respaldo de las familias que serían afectadas.
La Coordinadora asegura que es falso que el 70% de las familias de la parte media de Río Indio respalde el plan de compensación y reasentamiento.
Según la organización campesina, alrededor del 80% de las familias de ese sector rechaza el embalse y, por consiguiente, el plan de compensación asociado al proyecto.
La Coordinadora cuestiona además la metodología utilizada para levantar los censos y sostiene que la información divulgada por la ACP no reflejaría la posición real de las comunidades.
Reclamo por nuevas alternativas
Los campesinos también cuestionan que la nueva administración no haya planteado, según ellos, alternativas técnicas diferentes al embalse.
La organización cita un informe de 2025 de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y reclama que se evalúen opciones que permitan atender las necesidades de agua sin generar los impactos sociales y ambientales que, según su versión, llevaron a descartar una propuesta de Río Indio en 2006.
La Coordinadora plantea incluso una pregunta sobre el escenario actual: si las condiciones climáticas han cambiado, por qué se mantiene una alternativa descartada hace dos décadas, considerando además los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.
Acusan posibles irregularidades legales
El pronunciamiento también contiene fuertes acusaciones contra el proceso.
La Coordinadora sostiene que sería ilegal aprobar el embalse y ejecutar planes de reasentamiento sin contar previamente con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
Asimismo, cuestiona la legalidad del Acuerdo N.° 116 de 2006, mediante el cual, según la organización, se otorgaron a la ACP facultades relacionadas con la aprobación de estudios ambientales.
Los campesinos consideran que estas actuaciones entrarían en conflicto con derechos establecidos en la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la Coordinadora y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la legalidad del proyecto o de las actuaciones señaladas.
La resistencia continúa
El pronunciamiento eleva el tono de la disputa. La organización asegura que las comunidades de Río Indio y Donoso mantendrán la resistencia y que están dispuestas a defender sus territorios frente al proyecto.
Vamos a resistir, pelear y sacrificar nuestras vidas, si fuere necesario”, sostiene la Coordinadora en su comunicado.
El grupo también hace un llamado a las comunidades de Panamá Oeste, Colón y Coclé para que participen en el debate sobre el futuro del agua y los posibles efectos del proyecto.
El tema queda ahora sobre la mesa de la nueva administración del Canal. Por un lado está la necesidad de garantizar fuentes de agua para el funcionamiento de la vía interoceánica y el consumo humano; por el otro, el rechazo de comunidades que aseguran que no aceptarán que la solución implique perder sus tierras y modificar su forma de vida.
Río Indio entra así en una nueva fase: con una nueva administradora al frente del Canal, pero con el mismo conflicto social todavía sin resolver.