El nuevo fondo recibirá $12.9 millones anuales de recursos vinculados al Canal, mientras la resolución mantiene bajo reserva información sobre su ejecución financiera
Un nuevo fondo creado para reforzar la seguridad del Canal de Panamá abre interrogantes sobre el manejo y la transparencia de los recursos. La Resolución No. 230, publicada el 14 de septiembre, establece un Fondo Especial de Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal, administrado por el Ministerio de Seguridad Pública y ejecutado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El acuerdo contempla aportes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por aproximadamente $12.99 millones anuales durante tres años. Los fondos serán utilizados para operaciones de seguridad y para adquirir equipos como drones terrestres, aéreos, marítimos y subacuáticos, patrulleras, radares, cámaras, sensores térmicos, escáneres de rayos X y radios criptográficos, además de infraestructura y sistemas de vigilancia.
El punto que ha generado mayor atención está en las reglas de acceso a la información. La resolución establece como reservada y confidencial la información, documentación, planes operativos y registros contables vinculados con la ejecución financiera del fondo. Esto significa que, aunque existen controles y mecanismos de fiscalización, parte de la información sobre cómo se ejecuten los recursos quedará fuera del acceso público.
De acuerdo con lo explicado por funcionarios del Gobierno, los recursos pasarán por la Caja Única del Tesoro y estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría. Además, la ACP deberá aprobar previamente los informes que sustenten las compras y el Senan tendrá que presentar reportes sobre la ejecución física y financiera.
La controversia está precisamente en el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia. Mientras el Gobierno sostiene que el fondo responde a la necesidad de proteger una infraestructura estratégica frente a nuevas amenazas, diputados han cuestionado hasta dónde debe llegar la reserva cuando se trata del uso de dinero público.
El fondo ya tiene $5.2 millones depositados en la Caja Única, según explicó el viceministro de Seguridad, aunque esos recursos todavía no podían ejecutarse al momento de la explicación ante la Asamblea, debido a que faltaba completar el manual para su utilización y obtener el refrendo correspondiente.
La pregunta que queda sobre la mesa no es si el Canal necesita seguridad, sino cuánta información sobre el uso de esos millones podrá conocer el ciudadano.