El Ejecutivo vetó totalmente el proyecto sobre beneficios para jubilados y objetó nueve artículos de la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea
Dos proyectos que habían avanzado en la Asamblea Nacional regresaron al Legislativo después de que el presidente José Raúl Mulino les formulara objeciones por razones de inexequibilidad e inconveniencia.
Se trata del Proyecto de Ley 226, que ampliaba beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, y del Proyecto 594, que introducía cambios al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
Jubilados: el veto fue total
El proyecto 226 recibió un veto total. La iniciativa buscaba ampliar el catálogo de beneficios establecido en la Ley 6 de 1987, incluyendo descuentos en medicamentos, servicios médicos, restaurantes, transporte, internet y televisión por cable, además de otros bienes y servicios utilizados por los adultos mayores.
En las objeciones remitidas al Legislativo, el Ejecutivo reconoce el propósito social de la propuesta, pero cuestiona disposiciones que, a su juicio, presentan problemas de carácter constitucional y legal.
El proyecto había generado expectativas entre organizaciones de jubilados, particularmente por la posibilidad de ampliar descuentos que llevan décadas establecidos.
El escenario ahora cambia: la iniciativa vuelve al pleno para que los diputados conozcan formalmente las objeciones presidenciales y determinen el curso que seguirá.
El reglamento legislativo tampoco pasó completo
El Proyecto 594 tuvo un tratamiento diferente. En este caso, el Ejecutivo no rechazó toda la iniciativa. Las objeciones alcanzaron nueve artículos relacionados con diferentes aspectos del funcionamiento interno de la Asamblea.
Entre los puntos cuestionados aparecen las reglas sobre asistencia de diputados durante giras en sus circuitos, la participación de la Asamblea en determinados asuntos relacionados con obras, el ingreso de funcionarios a la Carrera Legislativa y disposiciones laborales aplicables a diputados suplentes que también son servidores públicos.
El documento presidencial también plantea reparos sobre las atribuciones de algunas comisiones, la elaboración del texto único del reglamento y la entrada en vigencia de las modificaciones.
El punto de choque: las competencias
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo aparece en las disposiciones relacionadas con la gestión de obras.
La objeción plantea que determinadas facultades previstas en la reforma podrían entrar en tensión con la separación de funciones entre los órganos del Estado y con las competencias que la Constitución asigna a cada uno.
También se cuestionó la posibilidad de considerar determinadas actividades de los diputados en sus circuitos como equivalentes a asistencia al pleno sin mecanismos suficientes para acreditar esas actuaciones.
La pelota vuelve al pleno
Con las objeciones presidenciales, ambos proyectos regresan formalmente a la Asamblea Nacional. Ahora corresponde al Legislativo conocer los argumentos planteados por el Ejecutivo y decidir el procedimiento que seguirá cada iniciativa conforme a las reglas constitucionales.
En el caso de los jubilados, está en juego una propuesta que buscaba ampliar beneficios directamente vinculados al bolsillo de miles de adultos mayores. En el caso del reglamento legislativo, el debate se traslada a las reglas que determinan cómo funciona la propia Asamblea.
Dos proyectos, dos vetos con alcances distintos y una misma parada: el pleno de la Asamblea Nacional.