El accidentado debate en el rechazo a las designadas a la Corte Suprema, por el gobierno de Juan Carlos Varela sacó a flote la marginación del llamado Pacto de Estado por la Justicia
La desfachatez con que un diputado panameñista reconoció que mintió para conseguir el voto de los electores de su circuito, dibuja de cuerpo completo la actual clase política. Si engañan para lograr un escaño en la Asamblea Nacional (AN), hay que dar por seguro que también mienten para llegar al Palacio de Las Garzas.
La opinión pública está despertando de tres años y medio de la aplicación de la técnica del engaño para gobernar. Se ha descubierto que para controlar la AN se entregaron donaciones por $15 millones. La Controlaría General de la República rehúsa investigar el uso final que se dio a esos fondos del Estado. Solo cinco diputados (Rubén De León, Francisco Alemán, Pedro Miguel González, Adolfo Valderrama y Luis Eduardo Quirós) recibieron $3.5 millones. Pero la lista es larga y no se salva nadie. En el calor del bochornoso debate en el que sucumbió la nominación de dos abogadas para ocupar los cargos de magistradas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el diputado José Luis Varela dijo que nadie podía hablar de honestidad si todos recibían $30,000 mensuales para usarlos a discreción.
La respuesta de su hermano, el presidente Juan Carlos Varela, en su mensaje a la Nación fue alardear de que el rechazo a sus dos nominadas a la CSJ, no debilita la opción electoral del panameñismo en el 2019. La realidad es que el nuevo equilibrio de fuerzas en la AN, compromete su legitimidad como mandatario y lesiona su proyección como genuino administrador del Estado.
Otro hecho indiscutible es que Varela le ha dado la espalda al Pacto de Estado por la Justicia, integrado por nueve instituciones públicas, de la sociedad civil y el Comité Ecuménico.
Durante la campaña electoral del 2014, se comprometió en tomar en cuenta el acuerdo alcanzado en septiembre del 2005 que establecía la creación de una Comisión Especial de Preselección como organismo consultivo y asesor del Consejo de Gabinete, que se instalaría cada vez que surgiera una vacante en la máxima instancia de la justicia panameña.
La Comisión Especial de Preselección estaría integrada por un representante de los Decanos de las Facultades de Derecho de las distintas universidades acreditadas con más de 15 años de servicio al país, un representante del Colegio Nacional de Abogados, un representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y un representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público. Igualmente participaría el Comité Ecuménico como observador y dirimente en el proceso de preselección.
El procedimiento a seguir contemplaba una convocatoria pública, una etapa de evaluación fundamentada en criterios de solvencia moral, transparencia y ética en el desempeño profesional, público o privado.
Los aspirantes deberías demostrar su formación académicos en el área jurídica de la Sala de la CSJ en la que se produce la vacante, su proyección social, dotes de investigador y su participación en la solución de problemas de la justicia.
El proceso culminaría con una remisión de la lista de candidatos -que no sería menor de 10 ni mayor de 15 para cada puesto vacante de selección- al Consejo de Gabinete a fin de que en acuerdo con el presidente de la República, tal como estipula la Constitución Nacional, designara al magistrado o magistrada, según fuera el caso.
“La vez pasada se hizo exactamente lo que dice el Pacto de Estado por la Justicia, y al final sigue la población descontenta con la justicia en el país”, aseguró Varela. Pero la realidad es otra. En la selección de los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise, Varela fue quien envió una lista de 10 candidatos a la Comisión de Estado por la Justicia. No cumplió con la letra de lo pactado. Impuso sus dos candidatos y no dio espacio a la participación ciudadano.
Aunque para algunos es un concepto abstracto, el pueblo soberano es la única fuente de legitimidad de un gobierno, porque se sustenta diariamente en opiniones sobre su desempeño.
El Ejecutivo no puede ignorar que los panameños desean vivir en un país con separación real y efectiva de los poderes del Estado, con un sistema de justicia independiente, donde se rechacen las prácticas autoritarias.
Es hora de que Varela recupere su categoría de mandatario. La política, en muchos casos, se desarrolla con ensayos y errores. Y todavía, aunque en el ocaso de su gobierno, está a tiempo de corregir sus errores y conjurar la actual crisis institucional que está a punto de desembocar en una muy compleja crisis política.