El plan contempla 1,300 casas cuya construcción ya había comenzado y otras 1,400 adicionales para las familias que perdieron sus hogares por el terremoto del 9 de octubre. El Ejecutivo habilitará mecanismos de financiamiento para los contratistas, mientras la Contraloría reforzará la fiscalización de los recursos
El compromiso de devolverles un techo a miles de familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre tiene ahora una cifra y una fecha: 2,700 viviendas y marzo de 2027. Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino, quien ordenó construir 1,400 casas adicionales a las 1,300 que ya habían sido asignadas para su ejecución.
La decisión fue comunicada el martes 27 de octubre, durante el Consejo de Gabinete, como parte de las medidas para atender la emergencia habitacional que afecta principalmente a las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.
Según lo anunciado por el Ejecutivo, las primeras viviendas comenzarán a entregarse durante lo que resta de 2026, mientras que la meta es entregar las llaves de la última casa en marzo de 2027. La cantidad podría aumentar conforme avancen las inspecciones y se identifiquen nuevas familias que necesiten una solución habitacional.
Financiamiento para acelerar las obras
Uno de los principales cambios anunciados está relacionado con el mecanismo de financiamiento. Los fideicomisos constituidos a través del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros podrán financiar a los contratistas responsables de ejecutar los trabajos de reconstrucción.
La medida busca evitar que las empresas deban esperar hasta la culminación de sus contratos para recibir los pagos, facilitando los recursos necesarios para adquirir materiales y mantener el ritmo de construcción.
El Gobierno también instaló una mesa interinstitucional con participación del Banco Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para coordinar la ejecución de estas medidas.
Contraloría reforzará la fiscalización
El anuncio incluye un componente de supervisión. La Contraloría General de la República habilitará equipos adicionales de profesionales para agilizar los trámites y mantener controles sobre el uso de los fondos destinados a la reconstrucción.
El Miviot informó que cuenta con alrededor de 26 contratistas registrados para participar en los trabajos en las provincias afectadas.
Además, el programa contempla la incorporación de jóvenes de las comunidades afectadas mediante la iniciativa Mi Primer Empleo, con el propósito de ofrecer oportunidades laborales durante el proceso de reconstrucción.
La pregunta es cuánto costará reconstruir
Más allá de la meta de 2,700 viviendas, el costo del programa será otro aspecto que deberá mantenerse bajo seguimiento público.
Un análisis publicado por La Prensa estimó que la construcción de estas viviendas podría representar entre $72.9 millones y $81 millones, tomando como referencia costos unitarios de entre $25,000 y $28,000 por casa, incluidos los impuestos y la preparación del terreno.
El mismo análisis señaló que no se había podido verificar públicamente el monto total de los contratos adjudicados a las empresas constructoras ni cuánto recibiría cada una.
El Gobierno había constituido un fideicomiso de hasta B/.100 millones para atender la emergencia, pero ese monto no debe confundirse con el costo definitivo de las 2,700 viviendas: también contempla otras necesidades de asistencia y reconstrucción.
No todas las familias necesitan una casa nueva
El plan también incluye la reparación de viviendas que sufrieron daños parciales. El Miviot deberá evaluar cada inmueble para determinar el tipo de intervención y los materiales necesarios para devolverle condiciones de habitabilidad.
La diferencia es importante: mientras algunas familias necesitan una vivienda completamente nueva, otras requieren reparaciones para regresar a sus hogares.
La reconstrucción no se medirá únicamente por la cantidad de casas anunciadas, sino por las viviendas efectivamente terminadas, las familias que reciban sus llaves y la transparencia con que se administren los recursos públicos.
Marzo de 2027 será la fecha que permitirá evaluar si el compromiso gubernamental se convirtió en una solución real para los damnificados.