Se ordenó la detención y captura de ambos, por parte de los estamentos de seguridad nacional y emitió una alerta roja contra De Obarrio, por parte de la Interpol
El juez Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Loaiza, abrió causa penal contra Abraham Williams y Adolfo “Chichi” De Obarrio, como supuestos infractores del delito contra la administración pública, en las modalidades de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude, en los actos de contratación pública, por el caso conocido como “mochilas”, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En este mismo auto, el juez Loaiza sobresee definitivamente a Julissa Stanziola Spencer, Lucy Jacques, Berta Roldán, Mario Martinelli Berrocal, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Alberto Araúz Ríos, Carlos Araúz Valdez, René Guardia Camargo, Pablo Andrés Ruiz Obregón, Janeth Araúz de Caballero, Poullette Morales Montero, Daniel Ruiz Obregón, Eliécer Elías Tuñón Jaén y Giaccomo Tamburelli, dentro de las sumarias seguidas por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa y contra la administración pública, en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en los actos de contratación pública, en perjuicio del PAN.
También ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y reales que le fueron impuestas y devolución de los bienes, como cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles en general aprehendidos en esta causa.
El juez Loaiza fundamentó su decisión en la declaración indagatoria y el acuerdo de colaboración del señor Rafael Guardia Jaén, quien señaló que Abraham Williams era su asistente, y la persona que le daba el seguimiento a los documentos para las ejecuciones de los programas, y que el señor Adolfo De Obarrio era la persona que le daba instrucciones al señor Guardia, y quien escogía qué empresas debían ser contratadas, es decir que ambos participaron en el ilícito.
El Órgano judicial señaló que el Ministerio Público (MP) es a quien le corresponde la carga de la prueba sobre la vinculación y responsabilidad, no así a los vinculados, imputados o acusados, ya que las investigaciones están revestidas por el estado de inocencia.
La investigación, por posibles sobrecostos en la adquisición de mochilas escolares, por un monto de B/.12 millones, aproximadamente, se inició el 5 de septiembre de 2014, por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
El 23 de mayo de 2018 se celebró la audiencia de colaboración No.2 del señor Rafael Guardia Jaén y el Ministerio Público, donde este último señaló que Guardia accedió al acuerdo de colaboración No. 8, donde se declaró penalmente responsable de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en contratación pública.