En esta audiencia se detalló que Guardia Jaén aceptó los cargos y brindó colaboración eficaz importante, que ayudó al esclarecimiento de los hechos.
La juez Undécimo de Circuito de lo Penal, Nixela Aizprúa, validó la mañana de este lunes 1 de octubre, el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscal anticorrupción de descarga y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén dentro del proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).
Posterior a que Guardia Jaén confirmara al Tribunal que estuvo debidamente asesorado por su representante legal, la juez Aizprúa ordenó la suspensión del proceso provisionalmente en contra del exdirector del PAN.
La audiencia preliminar, en contra de cinco exfuncionarios y un particular, sin embargo la misma fue suspendida por falta de notificación del exadministrador de la (AAUD) , Enrique Ho Fernández, a pesar que su defensor particular, Hermes Quintero, estaba debidamente notificado.
El abogado Quintero informó al Tribunal, que su representado no se encontraba en el país, por lo que la juez Aizprúa suspendió la audiencia, con el objetivo de obtener los oficios pertinentes por parte del Servicio Nacional de Migración y otras entidades, a fin de conocer la ubicación del exfuncionario público Enrique Ho.
En ese mismo sentido, y ante la presencia de todas las partes, se reprogramó este acto de audiencia, para el 10 de junio del 2019, a las 9:00 a.m.
Este proceso guarda relación a una contratación directa en el año 2013, para la compra de 445 tanques de basura, a favor de tres empresas de un mismo proveedor, donde la Fiscalía comprobó que esta empresa compró los 445 tanques por la suma de 29,048 dólares, pero se los revendió al Estado por un monto total de 504, 952 balboas.
Este acuerdo de colaboración, está relacionado con el suscrito en el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, en donde el imputado presentó su intención de celebrar el acuerdo de pena dentro de las investigaciones que llevan a cabo las Fiscalías Anticorrupción de Descargas, donde se le impuso la pena de 60 meses de prisión y se ordenó la devolución al Estado de bienes y dineros en cuentas bancarias que superan los $ 30 millones dólares. Razón de ello, se concertó no acusar a Guardia por los cargos contra la administración pública y demás tipos penales que se le formularon dentro de los otros procesos.