Asociación de comunidades del Canal exige "respeto y buen uso de áreas revertidas"

Denunciaron que se están devolviendo tierras de las riberas del canal, a la Unidad de Administración de Bienes Revertidos, que las vende para negocios privados.

Mediante un comunicado, La Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC) exigió respeto y cumplimiento de la Ley 21 de 1997, que establece  el ordenamiento territorial y usos de suelo del área revertida y la Cuenca del Canal, a través del Plan General y el Plan Regional.

Dicha Ley 21 tiene entre sus objetivos el desarrollo sostenible de la región interoceánica y pone al ser humano como centro y objeto del desarrollo social y económico, tomando en cuenta los intereses de los habitantes de la región, bajo los principios de equidad, eficiencia y justicia. Igualmente señala, que la conservación ambiental y el desarrollo económico, sean compatible con la producción de agua para el canal y el consumo de la población.

Por ende, la ACAC, pidió  una participación plena en la Junta Directiva del Canal de Panamá ante “el posible uso de información privilegiada del Canal,  por parte de algunos de sus directivos”.

“Exigimos una participación plena de los dueños del Canal, es decir, de los sectores representativos del pueblo panameño en su Junta Directiva. Igualmente, denunciamos la devolución de tierras de operación del canal en las riberas del canal, a la Unidad de Administración de Bienes Revertidos (UABR), y su posterior venta a negocios privados, que implicaron la deforestación de cientos de hectáreas”, puntualizó la nota de prensa.

Según la ACAC, la antigua ARI, hoy Unidad de Administración de Bienes Revertidos (UABR), unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, ha eliminado el criterio representativo de distintos sectores de la sociedad en su Junta Asesora: desde el año 2008, se constituye una Junta Asesora con representantes del mercado inmobiliarios.

“La UABR ha sido convertida en una instancia de Bienes Raíces para vender la riqueza del patrimonio de todos los panameños, pero las decisiones son tomadas en el Ministerio de Economía y Finanzas y el ejecutivo. La participación social se ha eliminado de la toma de decisiones y se venden islas, riberas, y tierras que son patrimonio de los panameños, constituyéndose en el mayor despojo que se hecho a este pueblo que luchó y conquistó las riquezas que unos pocos disfrutan”, señalan.

Finalmente pidieron un alto a las violaciones permanentes a la Ley 21, que fue la primera ley de ordenamiento de suelo de la República; además del  cumplimiento de la Ley y del Plan General y Regional de la Región Interoceánicam porque alegan que “no quieren una réplica del caos que hay en muchos sectores de nuestra ciudad,  y que pondría en peligro el patrimonio natural y social de este sector estratégico para el desarrollo nacional”.

Para esta agrupación,  las áreas revertidas deben ser para el desarrollo nacional y no debe ser la piñata para beneficio de los sectores económicos poderosos o fundaciones de los grupos de poder económico en el país, en tierras que según economistas están valoradas en 36,000 millones de dólares..

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