El último discurso presidencial: entre excusas y promesas

Algunas reflexiones dejaron un sabor de boca amargo respecto del discurso presidencial de este 2 de enero ante la Asamblea Nacional de Diputados

En primer lugar, el mandatario de la República de Panamá abrió su último discurso con palabras que llamaban a una aparente conciliación de los diversos sectores de la sociedad panameña.

Decimos aparente porque otra vez sus intenciones se vieron empañadas por sus acciones. El artículo 2 de la Constitución Política establece una actuación limitada y separadamente, pero en armónica colaboración entre los órganos autónomos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No obstante, la falta de armónica colaboración, que ha marcado el quinquenio que concluirá en julio próximo, se vio reflejada por la descoordinada presencia a lo interno, precisamente en el órgano autónomo que constituye la Asamblea Nacional, del estamento de seguridad del ejecutivo.

Esto aunado al hecho que fuera del recinto legislativo medios noticiosos hicieron eco de la presencia de “francotiradores en los edificios del entorno”.

Este accionar conlleva sendos mensajes: la autoridad que busca ejercer sobre la propia Asamblea Nacional a meses de concluir su mandato presidencial lo que se contrapone con el inicio del discurso que llama a trabajar por el pueblo. En cuanto al segundo aspecto, si bien salvaguardar la seguridad de un mandatario es imperante uno puede preguntarse, ¿Era necesaria esa facción apostada? Ya se sabía que, miembros del pueblo entre ellos jubilados y ciudadanos que expresan su descontento general acariciaban la oportunidad de ejercer sus derechos mediante el ejercicio de la libertad de expresión, la de asociación; su derecho a protesta y disenso también enriquece la democracia.

Las medidas tomadas por el servicio de seguridad del mandatario casi nos recuerdan el viejo refrán popular en nuestro terruño: “el que no la debe no la teme” enviándonos el mensaje que el mandatario sí está plenamente consciente que le ha fallado a su pueblo. Y si al referirse con dirigir al país en paz se refiere a las represiones sobre aquellos grupos que se han atrevido a realizar protestas, pues tanto el uso desmedido de la fuerza o la aplicación de medidas incongruentes con las faltas que los actos pudieran generar, evidencian un erróneo entendimiento de los derechos y obligaciones constitucionales. La represión jamás será el camino hacia la paz.

En segundo lugar, el mensaje presidencial no cumplió las expectativas generadas en la sociedad. Diversas voces han esgrimido una serie de críticas en las cuales se ha manifestado la limitación del mandatario a esbozar los logros del Plan de Gobierno Panamá Primero que ya había estado comunicando a lo largo de las entrevistas y los diversos discursos durante el transcurso de su gobierno. Aquellos esfuerzos por dar a conocer un avance gubernamental, en principio enmarcados por la tónica de mantener un discurso de campaña, fueron ligeramente moderados en su discurso final, pero sin lograr el impacto deseado debido al descontento nacional: no hay una percepción de seguridad, no hay apreciación tangible de un crecimiento económico, a propósito de la realidad nacional que fueron algunas de las promesas de campaña.

Los esfuerzos y energías casi vertidos en su totalidad en la persecución de la corrupción, si bien muy necesaria pero mal administrada, deslucieron una gerencia pública al generar la sensación de la poca versatilidad del gobierno de atender los distintos frentes para cumplir con las diversas promesas realizadas en campaña.

Esta situación aunada a la debatible gestión de la autonomía y separación de poderes terminó por implantar una apreciación de la idea de una justicia selectiva que llegó a impregnar el ambiente de una sensación de manipulación por parte del Ejecutivo en la aplicación de la justicia, percepción que acompañará a la gestión gubernamental hasta su culminación y más.

En tercer lugar, el discurso presidencial, además de enunciar los logros gubernamentales, se refirió a una promesa primordial de la época de campaña: un cambio en el orden constitucional. Una vez más la administración gubernamental fue incapaz de encargarse de aspectos y frentes diversos. La tan anhelada y esperada concretización de la promesa de campaña ha sido prácticamente traspasada a la próxima gestión de gobierno. El mandatario en 54 meses no tuvo el acierto de desarrollar un plan y ante su desatinado anuncio durante el discurso presidencial promueve a 5 meses de las elecciones generales la incursión de una quinta papeleta.

Este anuncio en ninguna medida se interpreta como una solución o la ejecución de una promesa de campaña. La opción del establecimiento de una constituyente paralela, que fue uno de los pilares para ganar la confianza de sus votantes fue ampliamente ignorada durante su gestión. Si ganó democráticamente en el 2014 fue porque los votantes decidieron su paquete de propuestas como una buena opción.

Ahora, la alternativa de una quinta papeleta en la que el pueblo decida cuál método deberá adoptarse -asamblea constituyente paralela, una originaria o por la vía de reformas tradicionales mediante dos asambleas- resulta desatinado a propósito de una falta de coordinación temprana, una preparación e inclusive una estrategia informativa que permita a la ciudadanía elegir basado en el pleno conocimiento. A tan pocos meses para las elecciones y, ante el revuelo que genera la expectativa de la oferta independiente, amén de los temas sociales discutidos en la postrimería de la gestión del gobierno resulta inapropiado y raya en lo irresponsable la propuesta del mandatario pues al darle su voto de confianza el pueblo ya había decidido.

No obstante, lo anterior, un repaso de los resultados del proceso electoral de 2014 nos lleva a una reflexión final: si el actual mandatario ganó con el 39.1% esto es 724, 762 votos, de los 1, 854,202 votos válidos según cifras del Tribunal Electoral, más de un millón de votantes no votó por el actual mandatario. Pero al estar constitucionalmente llamado a gobernar para todos esa mayoría, 39.1% de la población, ya había decidido sobre sus propuestas.

Según la Real Academia de la lengua el presidente es en “los regímenes republicanos, (el) jefe del Estado normalmente elegido por un plazo fijo” y el mandatario definido como la “persona que ocupa por elección un cargo muy relevante en la gobernación y representación del Estado,” si con estas claras definiciones recorremos nuestra Carta Magna que indica que el poder emana del pueblo, y es ejercido por el Estado no debemos hacer mucho esfuerzo para entender que, ese porcentaje que sí le confió una administración de gobierno y que es parte de nuestra sociedad constituida como mandante no ha obtenido las justas cuentas para la cual se encomendó al mandatario. En otras palabras, este gobierno al incumplir sus promesas también falló.