Los países centroamericanos, algunos golpeados por la violencia criminal, tienen una población de 134.800 reclusos que desborda la capacidad carcelaria regional, por un sistema de justicia que privilegia el encierro a las medidas alternativas incluso para delitos menores.
Los datos oficiales de los sistemas penitenciarios del istmo son reveladores y alarmantes para los analistas, pues la mayoría de las 125 cárceles, con infraestructura obsoleta, no dan abasto y no permiten resocializar a los internos para que puedan incorporarse a la vida productiva al cumplir sus penas.
“Que se encierre a las personas no resuelve el problema de la crisis social que afuera de los muros de los centros penales tiene la sociedad”, advierte el coordinador del programa de justicia penal de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo.
Apunta al deterioro en las condiciones de vida de la población regional y a la falta de oportunidades como causas del alto nivel de encarcelamiento.
En 2013, el sistema penitenciario regional sumaba 92.565 presos en 114 cárceles, pero en los últimos cinco años el número se incrementó en 42.000 personas. Pese a la construcción de 11 cárceles nuevas, el hacinamiento persiste.
Para el especialista costarricense Marco Feoli, el hacinamiento “en el largo plazo condena al sistema penitenciario a ser un sistema fallido, que no sirve para nada más que para castigar a la gente, tenerla engavetada, y en el largo plazo se sigue gestando la violencia”.
Después de constatar la realidad carcelaria como exministro de Justicia, la conclusión de Feoli es lapidaria: “Ninguna cárcel con los niveles de hacinamiento que tenemos en estos momentos es un medio para reeducar o resocializar a alguien”.