La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 9 de 1997, más no el contrato de concesión, cuya prórroga se mantiene vigente.
Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció indicando que ésto significaría una afectación a la seguridad jurídica.
Mediante comunicado,la institución señaló que respeta la separación de los poderes del Estado, pero considera que la decisión de comisión de la Asamblea Nacional de Diputados de rechazar el proyecto de Ley afecta negativamente la seguridad jurídica del país y la estabilidad de la inversión que son críticas para el desarrollo nacional.
“El MICI, en cumplimiento de su deber como institución enfocada en desarrollar y ejecutar las políticas del Gobierno concernientes al comercio y la industria nacional, así como a la promoción de la inversión extranjera en nuestro país, presentó este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de esta importante inversión privada de más de 6.000 millones de dólares, la mayor en la historia de nuestro país”, indica el escrito.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 9 de 1997, más no el contrato de concesión, cuya prórroga se mantiene vigente.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia se emite luego de transcurrida la inversión por parte del Proyecto Cobre Panamá que además de los 6.000 millones de dólares, ha generado unos 13,000 empleos en etapa de construcción.
“Siento que lo que sucedió no fue correcto; pero soy respetuoso de la separación de poderes, yo hago lo correcto, hago lo que le conviene al país… y por eso presenté ese proyecto, porque el 14 de junio se da la primera exportación de cobre, y lo correcto sería que se diera con una seguridad jurídica“ indicó el presidente Juan Carlos Varela sobre el rechazo al contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Ante el rechazo del proyecto, la Minera se pronunció. Destacó que es la mayor inversión privada en la historia de nuestro país y reiteró que está amparado tanto por un contrato con el Estado panameño como por tratados internacionales de protección de inversiones.
“Cualquier cambio en el contrato requiere la aprobación tanto del Ejecutivo Nacional como de la Empresa”, indicó la Minera.
La empresa confía en que el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional. Puesto que, según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, estamos encaminados a contribuir en más del 3% al crecimiento del PIB de Panamá a partir del año 2020.
Asimismo, cabe destacar que más de 1,000 proveedores panameños brindan servicios y productos a este megaproyecto, mientras que una vez alcance una producción estable, se espera que su aportación del PIB sea de 3% y que triplique las exportaciones de nuestro país con más de 2.000 millones de dólares.
Rechazo al proyecto de Cobre Panamá afecta negativamente la seguridad jurídica de las inversiones⤵️https://t.co/oiLStBktME pic.twitter.com/oeMSf7aUKc
— MICI Panamá (@MICIPMA) 31 de mayo de 2019