El decreto N° 441-2016-DMySC emitido por la Contraloría General de la República, presidida por Federico Humbert reviviría las partidas circuitales que le otorga dineros públicos a los diputados para que concedan “donativo o subsidios”, hecho contrario a las funciones que otorga la Constitución a los miembros de la Asamblea Nacional
La Corte Suprema de Justicia admitió ayer la demanda de inconstitucionalidad presentada por la firma forense Estudio Jurídico Cedeño contra el decreto N° 441-2016-DMySC que emitió el contralor Federico Humbert.
La demanda se fundamenta en que dicho decreto contraviene el artículo 280 de la Constitución Política de Panamá, que se refiere a las competencia inherentes de la Contraloría General de la República, y además en los artículos 159 y siguientes de la Carta Magna que establecen las funciones de la Asamblea Nacional.
Según el reparto judicial, el ponente de la demanda es el magistrado Harry Díaz, quien deberá remitirla a la Procuraduría General de la Nación o a la Procuraduría de la Administración, para que en un período de diez días una de estas instituciones emita concepto favorable o en contra sobre la inconstuticionalidad del decreto en cuestión.
El Decreto, que se denomina “Requisitos y Controles para otorgar Apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (Donativos o Subsidios)” y que fue elaborado por la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría en conjunto con las unidades administrativas de la Asamblea Nacional, lleva la firma del contralor Humbert y del secretario general de la Contraloría, Carlos García, fue emitido el pasado 25 de octubre de este año y publicado en Gaceta Oficial el 1 de noviembre.
En el decreto N° 441-2016-DMySC se establecen los mecanismos y requisitos para que a los diputados se les asigne en concepto de partidas dinero del Estado para conceder asistencias o subsidios sociales que ascienden hasta los 20 mil dólares.
Este decreto generó una oleada de críticas por parte de diversas personas de la sociedad civil. Una de las que reaccionaron fue la abogada y directiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, quien manifestó a En Segundos que “el decreto emitido por la Contraloría representa una legalización del clientelismo político”. Lo que podría ser utilizado con fines de “proselitismo para que los diputados sigan reeligiéndose”, sostuvo Castillo
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez también rechazó el decreto de la Contraloría porque “reduce” y “aleja” a los diputados de su función constitucional. Los problemas sociales deben ser atendidos “institucionalmente”, sostuvo Gómez por medio de su Twitter.
Esta partida que ha aprobado el CGR para los diputados, Nos reduce y nos aleja de nuestra función Constitucional!Preocupante y No lo acepto!
— Ana Matilde Gómez R. (@AnaMatildeGomez) November 3, 2016